Metidos a analizar el auto de la Audiencia de Madrid que ordena reabrir el caso del espionaje de la lideresa a sus subordinados y satélites incontrolados, hemos descubierto una pequeña joyita que queremos dedicar muy cariñosamente a un abogado que nos tiene en alta estima. Se llama Warren Sánchez y se ha convertido en un auténtico especialista en trasladar a los juzgados precisamente las cosas del PP que Bravo de Laguna cree que se han de resolver en otros foros. Sánchez anda empeñado en rendir tributo y elevar a los altares las distintas pendejadas de Soria y los Soriagate, implicando a policías y periodistas que han investigado casos de corrupción en una suerte de revelación de secretos que acabará reventándole entre las manos. Porque la labor de los periodistas es la que es, y así lo refleja de modo claro el auto de la Audiencia de Madrid conocido este miércoles en respuesta a las pretensiones de la defensa de los espías, que querían que declarara como testigo un periodista de El País que descubrió el percal para que revelara sus fuentes: “Su testimonio [del periodista] ha servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al derecho de la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la Constitución, es una garantía de la democracia”. Y, por añadidura, “no es es el único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese único testimonio, ni es ilegítima la no revelación de la fuente por el periodista”.