Los abogados del turno de oficio se preparan para desconvocar la huelga que tenían previsto celebrar para protestar por las medidas de recorte de asignaciones económicas a la justicia gratuita. El día 26 celebrarán una asamblea en el Colegio de Abogados de Las Palmas tras comprobar que la reculada del consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, no ha sido una fantasmada. Efectivamente, el Gobierno se la ha envainado y ha desistido de sus medidas de rebaja en el pago de las guardias de los abogados del turno de oficio con las que venía amenazando desde 2009 con una serie de propuestas que, a juicio de muchos letrados, pretendían conducir a la privatización de un servicio de obligado cumplimiento, como es el de la asistencia letrada gratuita para personas con escasos recursos. Lo venimos contando en este periódico desde que los abogados le empezaron a ver las orejas al lobo, hace ya año y medio, en una serie de escaramuzas que empezaron con un borrador de decreto con nuevos baremos y que acabaron con una declaración del consejero tratando de culpar a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de haber “interpretado mal el cómputo” de las asistencias letradas. Lo que había detrás era el intento del Gobierno de ahorrarse 178.600 euros de la facturación del último trimestre de 2010.