El escándalo del medio millón de euros volatilizado en el Patronato Francisco Franco está servido. Y a esa desaparición se sumará seguramente la confirmación de muchas irregularidades en un negociado tan sensible como el de la vivienda de protección oficial en una ciudad con una alta demanda de este derecho. Hasta el momento, los anteriores rectores políticos de la cosa se dedican a encogerse de hombros y hasta se atreven a insinuar que lo habían advertido. El alcalde Saavedra ha negado que Pepa Luzardo le previniera en las reuniones de traspaso de poderes en el verano de 2007. Sí es cierto que le habló vagamente de esta cuestión en el pleno del pasado septiembre, cuando las investigaciones tocaban a su fin. Luzardo trata de sacudirse el problema de encima, incluso acudiendo a la fiscalía un día antes de rechazar recibir un requerimiento por escrito del Ayuntamiento del que fue alcaldesa.