Se echaba en falta una sentencia así en Canarias. La titular del Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de quebrar una delicada tendencia instalada en las Islas que directamente atentaba contra derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión y de opinión. La sentencia absolutoria del director de este periódico, Carlos Sosa, denunciado por José Manuel Soria por comentarios referidos al escándalo Isolux, contiene algunos fundamentos muy interesantes que, además de colocar al presidente del PP en una situación ciertamente embarazosa, da un respiro a los trabajadores de la comunicación en las Islas, casi convencidos a estas alturas de que no se podía ejercer la crítica contra las actuaciones de determinados cargos públicos, muy particularmente, José Manuel Soria López.