La cercanía de las elecciones autonómicas de mayo ha desbloqueado el conflicto de los abogados del turno de oficio del mismo modo que ha ocurrido en Madrid, donde los letrados acaban de cobrar deudas acumuladas de más de un año de antigüedad que la Consejería de Justicia e Interior (la que pagaba espías para hacer seguimientos ilegales a miembros del PP) se resistía a abonar por haberse multiplicado por cinco los gastos del turno de oficio desde 2003. El ejemplo madrileño es para temblar, porque además de la racanería para atender la justicia gratuita argumentando extravagancias, hay gestos de la autoridad competente que conducen a la sospecha de la privatización. Algunos servicios como el de orientación jurídica a inmigrantes y a personas mayores han sido adjudicados a conocidos despachos como Cremades & Calvo o Legálitas, si bien ha habido rectificación ante las protestas continuas de los letrados. Pero de lo que se trata es de que se deteriore un servicio diseñado que han de prestar las comunidades autónomas para dar cobertura a derecho fundamental. La deserción y el desencanto de los abogados cuando no cobran por sus servicios o son maltratados por la Administración termina repercutiendo en la calidad de la justicia que se presta a los que no pueden costearse una defensa particular.