Las vacaciones del inspector detenido por presuntas coacciones y amenazas a testigos y víctimas del autodenominado Grupo 7, la trama de guardias civiles traficantes de droga en la Maxorata, sirven para poner tierra de por medio en un momento en que, con la orden de no permanecer en la isla durante un mes, le hubiese sido imposible cumplir con su trabajo en el puesto fronterizo. La medida impide a sus superiores, en Fuerteventura o en la Supercomisaría de Las Palmas, abrirle un expediente que vondujera a una suspensión de empleo y sueldo como la copa de un pino, como ya estuvo hace años después de su primera detención por tráfico de drogas en agosto de 2004. Solo con ese paso paralelo al desarrollo de las diligencias previas por parte de la juez instructora, en las que quedan pendientes de confirmar sus implicaciones directas en la trama y por lo tanto el manejo de todo el entramado delictivo desde la droga hasta el dinero, el pollo de los Marichal vería mermados sus ingresos como inspector a la mínima expresión, unos 720 euros de los 3.000 que cobra y sigue cobrando en sus ricas vacaciones actualmente. Y de la forma estratosférica de tramitar de urgencia las vacaciones del inspector sí que ya se ha abierto un debate más que interesante dentro del Cuerpo. Para unos, el hecho de estar en su merecido descanso de 20 días hábiles le blinda para no coger el teléfono y estar del todo ilocalizable, para por lo tanto burlar la comunicación oficial de un expediente que no se le ha abierto todavía, con lo cual quedaría sin efecto hasta su regreso. Para otros, ya están tanto el comisario Redondo como la provincial Sagrario tardando demasiado en meterle el puro correspondiente, que a cualquiera se le puede suspender hasta estando de baja. De todo este embrollo, lo único cierto es que al inspector se le han concedido vacaciones sin que transcurrieran las 48 horas habituales entre la solicitud y el visto bueno, y sin que se hayan tramitado por medio de su jefe directo, el de la Brigada de Extranjería de Puerto.