Sostiene Ruano en sus comunicados oficiales y ratifica de modo solemne Soria en su queja ante el Poder Judicial, que a los ordenadores conectados al sistema Atlante II sólo pueden acceder terceros previa autorización del usuario de ese ordenador. Hasta ahora manteníamos que ésa era una información falsa porque hasta este lunes conocíamos al menos la existencia de tres casos en los que hubo alguna intromisión sospechosa. Pero desde estos momentos tenemos que retirar lo dicho por la sencilla razón que teníamos confundida la traducción de “usuario”. Porque no son los “usuarios” del sistema a los que se referían Soria y Ruano los jueces, fiscales, secretarios y funcionarios con ordenador conectado a Atlante II, sino los afectados por las causas judiciales, es decir, los “usuarios” de la justicia, los justiciables. De manera que si, por ejemplo, cualquier encausado en un sumario de corrupción política quiere tener acceso a las últimas actuaciones del juez que lo investiga, sólo tiene que dar autorización como “usuario” a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que ésta, con sumas atenciones, le facilite las informaciones solicitadas. Y sin póliza de cinco duros, que es lo que tiene la Justicia gratuita.