Marcelino López Peraza quiere ocupar su plaza de secretario, pero ni la alcaldesa de San Bartolomé lo quiere ni los asesores jurídicos del Ayuntamiento recomiendan su reincorporación. Dice Mari Pino Torres que tiene a su favor tres resoluciones judiciales de 2011 de otros tantos juzgados de la jurisdicción contencioso-administrativa que la avalan en sus trece de que la inhabilitación empezó a contar desde 2009 y no desde 2005. Quizás las constantes bajas por enfermedad del inquietante funcionario le han llevado a computar sus penas de manera distinta, quién sabe. Porque otra característica de López Peraza es su quebradiza salud. En Santa Brígida lo recuerdan desfalleciéndose a los pocos minutos del comienzo de cada pleno municipal, como si en su organismo se activaran unas glándulas que le provocaban un insuperable rechazo a sentarse junto al alcalde de turno a dirigir jurídicamente aquellas sesiones satauteñas que tantos disgustos han terminado dando a los tribunales canarios. Pero no fue el injustificado absentismo laboral ni las constantes llamadas a las ambulancias el motivo principal de las faltas que condujeron a su inhabilitación. Su asesoramiento a la Asociación de Empresarios de la Construcción y las clases que impartía al menos en la facultad de Ciencias Jurídicas contribuyeron decisivamente a la sanción que le fue impuesta por el ministerio. Los alcaldes que lo han padecido recuerdan de él, además, sus pronunciamientos ambiguos, cuando conseguían un pronunciamiento. De ahí que muchas decisiones se encomendaran a otros asesoramientos que, al final, han producido lo que han producido.