Parecía increíble que pudiera suceder, pero ha sucedido. El Gobierno de Canarias decidirá en su reunión de esta semana el modo de aplicar la rebaja de salarios a los funcionarios de la Comunidad Autónoma mediante un procedimiento singular, a la par que aparente: acuerdo de Consejo de Gobierno. Se trata de una medida jurídicamente injustificada que sólo encierra claves políticas: endilgar a ese órgano colegiado la impopular decisión de rebajar los salarios y el modelo escogido para echar a pelear a funcionarios con laborales, y a ambos colectivos con los cargos públicos, empezando éstos por los secretarios generales técnicos y terminando por el mismísimo presidente de la nacionalidad. El cerebro de tan previsible decisión no es otro que el consejero de Economía y Hacienda, que traslada de este modo a sus socios del pacto la postura nacional de su partido, el PP, en contra del tijeretazo de Zapatero: aún estando obligado a aplicarlo, el Gobierno de Canarias se sube a la parra y, además de alargar la aplicación del Real Decreto, incumple sus propios compromisos parlamentarios, entre otros el de rebajar un 15% los salarios de los altos cargos.