Soria, el regulador desregulado

Esto hace tiempo que dejó de ser un juego de pistolas de mixtos. Desde que Soria decidió que por tierra, mar y aire, las prospecciones de Repsol se ejecutarían, nada es pacífico. Su empeño sobrepasa cualquier actitud política medianamente razonable, y visto lo visto este miércoles en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, probablemente lo penalmente admisible. Si hasta ahora la contestación a la decisión “del regulador” se había dirigido a las vertientes políticas, ciudadanas, europeas y en lo jurídico a la jurisdicción contencioso-administrativa, el salto a la acción penal anunciado por el presidente Paulino Rivero otorga a la campaña un giro inesperado. Los informes del Ministerio de Medio Ambiente, preliminares a una declaración negativa de impacto ambiental, dan al traste con los permisos otorgados a la británica Cairn Energy para hacer sondeos en busca de petróleo en el Golfo de Valencia. Y lo hacen invocando los valores naturales en presencia, particularmente la existencia de tortugas y cetáceos propios de la zona mediterránea donde se pretende buscar hidrocarburos. No hace falta ser un sesudo doctor en Derecho para concluir que un posicionamiento ministerial así contiene todos los ingredientes de una arbitrariedad de libro, porque los mismos técnicos y los mismos políticos que no observaron las mismas salvaguardas ambientales para Canarias (con más número de especies protegidas y en un espacio mayor) otorgan a Valencia, Málaga y Baleares la protección en ambos casos merecida. Y de “la interdicción de la arbitrariedad”, consagrada en el artículo 9 de la Constitución española, pasamos al delito de prevaricación, recogido en el Código Penal en vigor con penas nada desdeñables. Por ahí parecen ir los tiros del Gobierno de Canarias al que su homologo central se lo ha puesto –no encontramos expresión mejor- a huevo.

Un largo rosario de irregularidades

El paso adelante dado este miércoles por el Gobierno de Canarias coloca a Repsol indirectamente en una posición muy comprometida. Este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abordará la suspensión cautelar de las prospecciones que la petrolera del compadre Brufau lleva a cabo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La petición y el recurso sobre el fondo de la cuestión son del Gobierno de Canarias y tienen como origen uno de sus empeños principales: las autorizaciones contravienen los principios de protección que merecen las 29 especies que viven en la zona de los sondeos y las consideraciones proteccionistas de la Unión Europea, despreciadas por completo por las autorizaciones gubernamentales españolas. Pero penalmente puede haber mucho mayor campo de actuación para ese ilustre abogado, conocedor como pocos de la deriva que han tenido los expedientes administrativos relacionados con las prospecciones. Unos expedientes que han presentado numerosas irregularidades, como su caótica tramitación, la ausencia de foliado y, lo que puede ser todavía peor para funcionarios y políticos, la negativa de la Administración estatal a someter a información pública las modificaciones sustanciales que sufrieron durante el trámite que se otorgó graciosamente a Repsol para que subsanara graves carencias en sus prescripciones, fundamentalmente –otra vez- ambientales. Sin contar, claro, con unas derivadas que los sondeos mediterráneos no tienen: las consecuencias directas sobre la población de un posible vertido de hidrocarburos, es decir, la alta probabilidad de que, en caso de blowout , se viera afectado el suministro de agua potable de las desalinizadoras de Lanzarote y Fuerteventura. Una acción penal podría añadir un factor así a las variables ambientales, ya de antemano suficientes.

Vale, Juanjo, pero ¿quién lo va a pagar?

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria apura in extremis las últimas gestiones para salvar de la piqueta la Biblioteca Pública del Estado, condenada por el Supremo a la demolición por estar construida donde no se debía. Dicen desde el Ayuntamiento que Juan José Cardona que se va a reunir la semana que viene con el director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas para que el Ministerio de Cultura ordene al Ayuntamiento –atención, atención- “el cambio de planeamiento para encajar la biblioteca”. La primera duda que nos asalta es el rango del interlocutor ministerial que va a recibir a Cardona: un director general, seguramente porque el señor ministro, José Ignacio Wert, anda ocupado en su curso eterno de bombero pirómano. La segunda duda es de tipo jurídico: ¿Puede un ministerio invadir una competencia municipal, como la urbanística, para dar una orden de cambio de planeamiento? Y, a mayor abundamiento, ¿no había dicho el Supremo que un cambio en el planeamiento para legalizar una ilegalidad es una ilegalidad en sí misma? Pere tenemos más dudas tras leer una gacetilla sobre la cuestión en La Provincia: cuando se dice que esta vía permitiría al Ayuntamiento indemnizar a los vecinos de la biblioteca que ganaron el pleito ante el Supremo, ¿quién pagará esa indemnización? ¿Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria con los elevados impuestos que paga y que, en contra de las promesas electorales, no han sido rebajados? O, por el contrario, en un gesto que les honraría, ¿pagarán este desaguisado los que lo cometieron? Los que lo cometieron son, además de Juan José Cardona, concejal de Urbanismo de la era soriana, el mismísimo José Manuel Soria, actual ministro de Industria, Energía y Turismo y hacedor máximo de la ilegalidad que ha conducido a esta sentencia de derribo de la biblioteca. Nos tememos lo peor.

Inés Rojas sí habló con El Museo Canario

Se lo ha tomado con mucha deportividad –y más aguante del que cualquiera podría mostrar- la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales, Vivienda y lo que usted guste mandar. Inés Rojas ha dejado que el paso del tiempo y los excesos colaterales le permitan ahora demostrar que en el verano pasado había mantenido una reunión con el gerente de El Museo Canario, Diego López, para abordar los problemas financieros que padece esa institución y tratar de reponer las ayudas que el Gobierno canario retiró tras el estallido de la crisis. Podemos entonces concluir –y corregir- que sí hubo contactos entre la administración y el museo, aunque quede descartada cualquier posibilidad de que en cualquiera de esos contactos interviniera el fundador de la institución, el doctor Gregorio Chil y Naranjo. El resultado de esos contactos, sin embargo, sigue siendo muy pobre porque los 22.000 euros que el Gobierno pretende inyectar en las encogidas arcas del museo se tornan más bien escasos ante la gran tarea que tiene por delante de mantener lo existente, de dotar y abrir sus nuevas salas y de catalogar, preparar y exponer el inmenso legado que guarda en sus almacenes y que no puede mostrar a los canarios precisamente por falta de recursos. Pero la principal consecuencia de esos contactos confirmados por ambas partes es que Inés Rojas no mintió cuando en el Parlamento dijo que había habido contactos con el museo, lo que automáticamente deja con el culo al aire al presidente de su grupo parlamentario, José Miguel Ruano, que llegó a pedir públicamente su dimisión por una mentira que ahora es suya. Ruano perdió una oportunidad única de pedir explicaciones a la consejera de su partido antes de lanzarse a las bravas, lo que le hubiera evitado los sofocones posteriores. Ahora es él el que tiene un problema.