El principal escollo con que se encuentra actualmente la ley que regulará el estatuto de ex presidentes es precisamente el que pone por delante el órgano que asesora al Parlamento y al Gobierno sobre la legalidad de las leyes canarias. Ahí es nada. A diferencia del Consejo de Estado, a donde han ingresado ex presidentes españoles como Aznar, el Consultivo de Canarias emite informes de tipo jurídico y, en el caso de normas como la presente, de carácter muy significado. El legislador tendrá que encontrar otra ubicación para los ex presidentes donde puedan hacerse con un salario equivalente al de un viceconsejero del Gobierno, es decir, unos 3.600 euros mensuales limpios de polvo y paja, a los que se habrá de añadir la asignación de un administrativo, un despacho para uso oficial, coche y transporte gratuito entre las islas.