Será la propia Sala la que resuelva el recurso, y en caso de abstenerse como le pide el recurrente, habrá de ser una nueva Sala, constituida por magistrados de alguna de las dos provincias canarias, la que tome la decisión. La resolución puede ser la de ratificarse en el archivo, lo que supondría que el denunciante habría de recurrir al Tribunal Supremo, donde las cosas se ven de un modo muy distinto que en tribunales aparentemente tan contaminados como los que se encuentran al borde mismo del caso que han de investigar y/o juzgar. Quedó demostrado con el caso de los policías a los que el PP acusó en Madrid de “detención ilegal” de unos militantes que intentaron agredir a José Bono, entonces ministro. Un generoso juez condenó contumazmente a los dos policías, y ha sido el Supremo el que, un año después, ha colocado la legalidad en su sitio. Lo malo es que a este tipo de jueces nadie les mete un meneo, para que no se contaminen tanto. Con el debido respeto, claro.