Por un tiempo indefinido que no pasará de 2015, Rodolfo León es el nuevo alcalde de la ciudad tinerfeña de Tacoronte. Y lo es gracias a una moción de censura que solamente le va a provocar disgustos, como quedó de manifiesto en el pleno ad hoc celebrado este martes durante el pleno que atestó el salón de actos del Ayuntamiento. Frente al nuevo grupo de gobierno, formado por cinco expulsados del PSOE y todos los concejales del PP, se ha puesto el PSOE oficial (el regional y el federal) y Coalición Canaria, que ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para tratar de demostrar que la acción ejecutada es ilegal. Así lo ponía de manifiesto la secretaria municipal (otro problema que tiene el nuevo alcalde) que en un informe preceptivo pero no vinculante concluyó que el tal León y sus compañeros concejales son unos tránsfugas por haber sido expulsados del Partido Socialista y, por lo tanto, del grupo municipal en el que se integraron tras las elecciones de 2011. En un rapto de surrealismo seguramente provocado por el asesoramiento del abogado Felipe Campos, acreditado experto en todo lo que sea dinamitar al PSOE, los rebeldes de Tacoronte se enrocan en que ellos son los verdaderos socialistas en la Corporación y que, por lo tanto, el que es proscrito es el único concejal de ese partido que se ha mantenido fiel a las siglas y a las consignas de la dirección, Carlos Medina. La cosa pinta mal porque la teoría jurídica que maneja Campos y sus patrocinados se dirige a demostrar que cuando los concejales transfugados presentaron la moción de censura, aún no habían sido expulsados, luego eran militantes con todos sus derechos del PSOE. Esa teoría la reforzarán los rebeldes con la doctrina del Constitucional, que consagra la intocabilidad del voto del concejal por encima de las siglas por las que haya concurrido. Sin embargo, es evidente que esa fuga hacia adelante tendrá contestación porque, evidentemente, la expulsión se produce tras una advertencia pública y notoria de rebelión; y, en cuanto a la inviolabilidad del voto, ni la expulsión ni el informe de la secretaria municipal impidió que los conjurados votaran, como quedó acreditado en el pleno de este martes.