No es cuestión de corporativismo, sino una simple consecuencia de tomar parte en un proceso judicial en el que unos policías denuncian a otros. Es tal el volumen de denuncias contra agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que para agilizar el trabajo de defensa, la Abogacía del Estado delega en cuerpos como el de Policía su representación a un inspector jefe licenciado en Derecho, que ejerce como tal en defensa de los policías denunciados. Ahora, si en un futuro este matrimonio de policías es denunciando en el ejercicio de sus funciones, no le quedará más remedio a la Abogacía del Estado que designar para estos agentes a otros letrados adscritos a la isla de Lanzarote, en vez del que ya tiene la Jefatura Superior para la provincia de Las Palmas. La medida tomada el viernes pasado desde los despachos de la décima planta de la Supercomisaría, en la Avenida Marítima de LPGC, ha sido la comidilla policial estos días como la mejor forma para evitar la declaración del comisario de Arrecife, el secretario local y el jefe del puesto fronterizo, aplazadas sine die por problemas de agenda del inspector abogado del Estado. Cuentan quienes de esto saben que el tiempo es precioso ahora en busca de un pizco de cariño por parte de la Fiscalía para que surtan efecto todos los resortes que están poniendo en marcha desde Madrid y Las Palmas los altos cargos de la Policía: el archivo de las actuaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife. Veremos si el manto de silencio va a surtir efecto, o si tirando de la manta el camino se complica y se llega a la calle Duggi, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, en un Nissan Almera...