El Trashorras del Oasis

“¿Para qué iban a necesitar los moros a ETA, si ya tenían todos los explosivos que querían? Lo dije para despistar, para intentar generar más confusión”. El amo de estas y otras similares confesiones es el famoso José Emilio Suárez Trashorras, utilizado durante una década como piedra de toque por quienes aún hoy defienden la teoría de la conspiración en los terroríficos atentados del 11-M. Sus distintas versiones, hasta siete según los que le siguieron los pasos, sirvieron para hacer dudar a media España sobre la autoría y motivaciones, y hasta para rebatir las investigaciones policiales y la sentencia judicial correspondiente. El diario El Mundo lo adoptó de inmediato como confidente infalible, por encima de miles de folios redactados por policías expertos en la lucha contra el terrorismo, por encima de testimonios demoledores coincidentes con otra tonga inmensa de testimonios demoledores. Bastaba lo que dijera Trashorras para abrir una imputación penal contra los comisarios que descartaron las delirantes pericias que situaban en ignotas y lejanas montañas lo que se ha dado en llamar la autoría intelectual de la masacre. Y bastaron las inmundicias vertidas por la prensa cavernícola para que una juez reabriera el caso y acabara, entre chupito y chupito, con su carrera profesional. Aun descalabrado Trashorras, tardaremos décadas en ver desaparecer de la prensa de la caverna, de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de las redes sociales esa inmensa infamia que ligó los atentados con la derrota del PP en el año 2004. Es, con diferencia, uno de los montajes políticos y mediáticos más penosos de la historia reciente de España, a punto de alcanzar en volumen de papel y en suprema ignorancia la injusta degradación sufrida por el canario Juan Negrín con la martingala del oro de Moscú.

Marichal, nuestro Trashorras

El Trashorras de Maspalomas se llama Cristóbal Rodríguez Marichal, y es el autor material (el intelectual es RIU) de la denuncia interpuesta contra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, por un comportamiento por el que ya está tardando en dar explicaciones públicas. Porque independientemente de la calidad del denunciante - bastante discutible- Bravo debe aclarar esas supuestas reuniones y el intercambio de mensajes de teléfonos móviles con Marichal que el periódico La Provincia aireó este domingo en una nueva entrega del contenido de la denuncia, aún sin judicializar. Según ésta, Bravo de Laguna continuó asesorándolo como abogado (que lo era para la tramitación de asuntos urbanísticos desde 2010) una vez accedió a la presidencia del Cabildo en el verano de 2011, algo políticamente detestable y jurídicamente perseguible si se llegara al extremo de la negociación prohibida a funcionario público, y no digamos si al cohecho. Pero fijada la carga de las explicaciones políticas a quien corresponde, desde luego conviene analizar cómo actúa para llegar a este punto el denunciante, y si durante el proceso que protagoniza en nombre de los propietarios de locales en el centro comercial Maspalomas ha incurrido en el pecado de prefabricar las pruebas que avalan su denuncia. Y así lo parece a primera vista, salvo más cualificada opinión del Ministerio Fiscal y, cuando proceda, si procede, de su señoría el juez instructor. Porque si bien es cierto que los SMS entre Bravo de Laguna y su excliente son tan elocuentes como lamentables para el político, es necesario conocer por qué se llega a ellos y si, en alguna medida, son forzados por el denunciante para cargarse de motivos. Y motivos parecen sobrar cuando se conocen otras comunicaciones de nuestros Trashorras que, naturalmente, no aporta a la denuncia.

Ruptura a través del Registro del Cabildo

Recordemos el porqué de la denuncia de Rodríguez Marichal contra Bravo de Laguna: en 2010 contrata sus servicios como abogado para acogerse a los beneficios de los planes de modernización turística en nombre de la asociación de empresarios del centro comercial Maspalomas, situado justo en el bollo del cogollo del meollo del Oasis de Maspalomas, pero lindando con la playa del mismo nombre. Todavía no estaba en discusión su representatividad, posteriormente negada por sus presuntos representados y hasta por sus familiares. Pero el caso es que contrata a Bravo y le ofrece, al parecer, hasta un millón de euros si alcanza el objetivo de una renovación urbanística ventajosa, pactando con las instituciones algunas recalificaciones y retranqueos y representándolo jurídicamente. El abogado todavía ni soñaba con ser candidato al Cabildo, y mucho menos con ser elegido su presidente, por lo tanto, nada reprochable hasta ese momento. Pero, una vez en el machito, Bravo delega la gestión del despacho –y consecuentemente sus contratos- en su hija Elena, pero aun así parece haber celebrado al menos una reunión con su cliente después del verano de 2011. Lo malo es que esa reunión –de haberse celebrado- habría de tener como pretensión el objeto del contrato, cosa que no congenia con la decisión posterior del dirigente político de abrir expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) sobre la pieza de suelo sobre la que se posa el referido centro comercial. Tampoco le salen bien a nuestros Trashorras del Oasis sus negociaciones paralelas con el Grupo Lopesan, al que propone una sociedad a partes iguales con los propietarios del centro comercial para aquella operación urbanística, frustrada por los planes del Cabildo de declarar BIC todo el espacio. Es a partir de la ruptura de esas negociaciones (Marichal pedía 12.000 euros el metro cuadrado y Lopesan ofertaba 6.000) cuando se desata la locura: en un gesto que empieza a ser delator, nuestros Trashorras rompe su contrato con el despacho de Bravo de Laguna comunicándolo por el Registro Oficial del Cabildo, no con un burofax al bufete, como sería más natural, sino por la vía más evidente. Prefabricando, que se llama.

“He dado órdenes de no publicar absolutamente nada”

Pero, ¿por qué rompe con Bravo el intrépido Rodríguez Marichal? Muy sencillo: primero, porque no consigue su segundo intento de financiación para la operación de reconstrucción del centro comercial, para lo cual, fracasado su acercamiento a RIU, Lopesan se lo deniega al ver desproporcionadas sus pretensiones y al descubrir que no es persona de fiar; y segundo, porque Bravo abre expediente BIC sobre la zona y paraliza cualquier movimiento urbanístico. Pero mientras mantenía contactos a dos bandas con el despacho del presidente del Cabildo (y parece que también con éste) y con el Grupo Lopesan, ya tenía activados sus contactos con la prensa, concretamente con La Provincia. O al menos de eso presumía abiertamente, tanto a través de su incontenible verborrea, como mediante correos electrónicos que alguien guarda con celo por si es menester aportarlos a una hipotética causa penal. “He dado órdenes de no publicar nada”, puede leerse en uno de esos correos, de febrero de 2013. Para entonces ya era un habitual de las presiones sobre Lopesan denunciando ante las administraciones y ante la prensa cualquier irregularidad que pudiera apreciar en sus tramitaciones urbanísticas, verbigracia una puerta abierta en una terraza de verano dentro de un proyecto de obra mayor que no contemplaba tal acción.

Miguel Cazorla se desmarca

Ya es un hit en la zona sur de Gran Canaria el comportamiento levantisco de Rodríguez Marichal, que en una reunión convocada al efecto de resolver sus presuntas inversiones en el centro comercial de Maspalomas llegó a presumir de la orden de alejamiento que pesaba sobre él respecto a su ex esposa, argumentando de ese modo su facilidad para repartir hostias llegado el momento oportuno. Abandonado por los que debían ser sus representados y objeto de una reclamación de cantidades por haberse creído quien no era, depositó toda su prosperidad a que le saliera la operación del Oasis a través de sus contactos con Bravo y sus presiones sobre Lopesan. Frustrados ambos, ha interpuesto esta denuncia con la inestimable colaboración de la cadena RIU, que se aprovecha de quien considera un mero instrumento para dinamitar cualquier operación que tenga que ver con la pieza urbanística y ambiental del Oasis de Maspalomas. Sus habituales en otras operaciones, como es el caso del empresario Miguel Cazorla, se desmarcan sin recato de esta nueva acción suya. “No tengo nada que ver con él”, ha dicho a este periódico Cazorla rogándonos que lo apartemos de este escándalo y que no lo volvamos a mentar en este culebrón. Así será.

Balance de daños

El siguiente capítulo está por escribir: a la espera de que la Fiscalía decida enviar a los juzgados una denuncia por los hechos denunciados y pendientes de lo que pueda explicar Bravo de Laguna sobre la posible mezcla de su actividad pública con la privada, hasta ahora parece evidente que éste es el balance de daños:

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