Dice Rajoy que sólo hay que actuar contra los cargos públicos cuando se trate de casos “obvios” de corrupción. Un enigma el de don Mariano porque no deja bien clara la línea que separa lo obvio de lo abstracto y, peor aún, quién es el que se erige en juez de la obviedad. Por no mentar la presunción de inocencia, que ésa es otra. Pero mientras llegan esas obviedades marianistas, nos quedamos aquí, en Canarias, con la doctrina del presidente del PP isleño, José Manuel Soria, según la cual aquel militante (incluido el que sea de la puñetera base) que resultare imputado en una causa penal, ha de ser separado de militancia de modo fulminante. Una pena de doctrina porque es precisamente el PP el que menos la cumple en estos instantes. Anoten la última imputación, de este mismo martes: Carlos Sánchez, consejero de Política Territorial del Cabildo grancanario. Y del PP, por supuesto.