¿Esto era volver a la legalidad?

Volver a la legalidad y recuperar la normalidad democrática. Esos fueron los principales argumentos esgrimidos a partir del momento en el que la resolución del conflicto catalán entró en la fase actual de aplicación política de la ley, que es lo que realmente está ocurriendo con la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución y con las instrucciones del Gobierno que de manera desproporcionada está ejecutando la Fiscalía General del Estado y proveyendo la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La destitución de todo el Govern catalán, la intervención de la autonomía, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, son decisiones políticas amparadas desde luego por el artículo 155 de la Constitución, tan abierto como exigente: ninguna imposición, instrucción o extinción debería exceder los límites mismos de la Carta Magna, lo que algunos juristas han puesto en solfa. Con esas medidas -era de suponer, o al menos eso es lo que se nos tiene prometido- habría de restablecerse el orden constitucional, el funcionamiento normal y adecuado de las instituciones.

Las elecciones, por su parte, se imponían como una vía democrática -de eso no hay duda- destinada a despejar una situación enquistada como consecuencia del empeño de una mayoría parlamentaria por conducir a Catalunya a una república independiente. De acuerdo, todo aparentemente encajeble en los preceptos legales.

Todo se complica, sin embargo, cuando llega el momento de pasar la factura penal. Con irreprimible excitación, la Fiscalía General del Estado empieza a actuar con una compulsiva ansia represiva incluso antes del referéndum ilegal del 1-O, amenazando a más de 700 alcaldes catalanes con los más abyectos castigos penales, llamándolos a declarar y, ya en posición de sospechosos, prohibiéndoles incluso contestar en catalán en suelo catalán, donde el catalán es lengua oficial. Ordena a la Guardia Civil todo tipo de diligencias, entradas y registros, algunos de ellos sin las debidas garantías, provocando en las vísperas del referéndum que el TSJ de Catalunya la apartara sin disimulo de la primera línea de la acción judicial.

Fue entonces cuando la Fiscalía General del Estado decidió replegarse y preparar la revancha al grito de “más dura será la caía”, el nombre que el jefe de la Secretaría Técnica de la oficina de José Manuel Maza dio al archivo en el que se resume para la prensa el contenido de las dos querellas contra la Mesa del Parlament y los miembros del Govern, respectivamente.

Estaba tan cantada y anunciada la estrategia de la fiscalía que, como muy bien ha contado la periodista Elisa Beni, dio tiempo a las defensas a preparar una buena estrategia jurídica. Esa estrategia podría desembocar en algo insólito: que las garantías constitucionales para los investigados procedan de fuera de las fronteras españolas una vez el juez o jueza belga en cuyas manos terminará este asunto entre en el fondo de la cuestión y dirima si los delitos por los que se persigue a Puigdemont y a sus compañeros del Govern están bien fundados.

Empiezan a ser legión las voces jurídicas que critican abiertamente el auto de prisión dictado por la jueza Lamela contra Junqueras y los demás consejeros que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional. No les falta razón a los que recuerdan que esa medida extraordinaria no habría sido posible sin el empeño puesto por la Fiscalía General del Estado, que actúa ejecutando la política penal del Gobierno y que parece muy empeñada en estropear el sosiego que introdujo la aplicación del 155.

En nombre de la Constitución y para hacerla prevalecer no se puede arrasar con su artículo 24, que a grandes rasgos ha sido vulnerado en los siguientes extremos:

Se ha incurrido en indefensión al negarse a los investigados en la Audiencia Nacional lo que se les concedió a sus homólogos ante el Supremo: un aplazamiento para poder defenderse adecuadamente de una querella de más de 120 folios.

No se ha respetado el derecho al juez ordinario predeterminado: a los investigados en la Audiencia Nacional les corresponde de manera predeterminada los juzgados de instrucción ordinarios de Barcelona, y a los investigados en el Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Catalunya. El Fiscal General del Estado quería tenerlos en Madrid, al calorcito de magistrados más afines y alejados del ambiente contaminante de Barcelona, lo que dice mucho de la confianza de la Justicia en sí misma.

No está habiendo un proceso con todas las garantías en tanto se les está acusando de delitos en los que a) no es competente la Audiencia Nacional y b) no pudieron ser cometidos por los querellados, todo ello para poder presentarlos ante los tribunales mencionados.

Tampoco se está dando un proceso con todas las garantías cuando, para enviarlos a prisión, no se analiza caso por caso el de cada investigado, sino en bloque.

Todo ello con la connivencia y el impulso de la Fiscalía General del Estado en flagrante incumplimiento del artículo 124 de la Constitución, que le otorga las siguientes funciones: “Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.

En la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado hay un potente equipo de fiscales preparando todos los escritos pertinentes para proceder de la manera que se está procediendo. Entre ellos, Guillermo García-Panasco, el único fiscal de la historia de España al que el Supremo ha señalado por haber vulnerado los derechos de una jueza a la que investigó de manera indebida. La Fiscalía General del Estado no lo castigó, lo trasladó a Madrid para que el jefe Maza tuviera un experto en la materia.