Menos mal que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, había prometido en la campaña electoral que no iba a subir los impuestos y que, llegado el año de nuestro señor de 2013, incluso los bajaría. Le va a costar mucho cumplir con ese atrevido compromiso, sobre todo porque cuando pretenda hacerlo, alcanzar los niveles de 2011, cuando llegó al puesto que ocupa, la tarea será hercúlea. Ha subido el IBI por imperativo mariano (primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, también empeñado en dar brillo y esplendor a sus promesas electorales), ha apañado lo que ha podido con revisiones catastrales y ahora, en aplicación de un necesario Plan de Movilidad, se propone ejecutar un sablazo a los bolsillos de los vecinos a través de la implantación de la Zona Verde. Las primeras noticias conocidas apuntan a que cada vecino de los barrios en los que se aplique esa regulación, pensada para dar regular los aparcamientos y dar prioridad a los residentes, pagará sesenta céntimos al día (veinte duros de antes, para entendernos), lo que equivale a una cuota anual de 144 euros. Repetimos, 144 euros al año por aparcar en tu calle. Puesto en comparación ese disparate con ciudades como Madrid o Barcelona, nos encontramos con que doña Ana Botella cobra 2,70 euros al mes, lo que supone 24 euros al año, y que la capital condal, que se eleva a casi el doble, cobra veinte céntimos al día, 52 euros al año. Es decir, que en el mejor de los casos, el alcalde Cardona pretende duplicar la tasa catalana y sextuplicar la madrileña. Piensen que alquilar un vado en la capital grancanaria tiene un coste promedio de 75 euros al año, y es utilizado por más de un contribuyente. Si esto no es afán recaudatorio, ya no sabemos qué puede serlo.