Canarias aprueba su estrategia para adaptar las islas al cambio climático

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la Estrategia Canaria de Acción Climática (ECAC), para adaptar el archipiélago ante el avance del cambio climático y colaborar con las acciones globales para intentar revertir la situación.

“La mitigación”, mediante la reducción de los gases de efecto invernadero, y “la adaptación”, para resistir lo mejor posible los efectos negativos, que se van a ir intensificando, son los dos pilares en los que se sustenta esta estrategia, que desarrolla la Ley de Cambio Climático de Canarias, aprobada en 2022, explicó en rueda de prensa José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica.

La reducción de emisiones, la captación de carbono, la eficiencia energética, la implantación de energía renovable y la movilidad sostenible son las bases para “la gran tarea de mitigación”, lo que llevará a depender lo mínimo posible de las energías fósiles, explicó el consejero.

Y junto a ello, la estrategia busca identificar riesgos y vulnerabilidades, así como las medidas para evitar o reducir los daños ambientales, sociales y económicos que se van a producir.

La estrategia ha hecho un diagnóstico en doce aspectos sociales y económicos, entre ellos el modelo territorial, el modelo energético, el turismo, el transporte, el urbanismo o los recursos hídricos.

Citó como ejemplo el análisis del impacto climático en el sector turístico, que deberá adaptarse hasta fin de siglo a temperaturas medias que pueden alcanzar cinco grados centígrados más, al aumento de la temperatura y del nivel del mar, a más radiación solar, a menos lluvias, a más sequías, a más precipitaciones torrenciales, al aumento de las olas de calor o a que haya hasta seis meses de noches tropicales.

Los riesgos que conllevan este cambio incluye la proliferación de plagas, menos confort turístico, más enfermedades y menos calidad del agua de baño por la subida de la temperatura del agua del mar.

Y estas situaciones climáticas, si no revierten o se mitigan, o si no se actúa para adaptarse, pueden llevar a una disminución del 11% del PIB canario solamente por el aumento de la subida del nivel del mar, un descenso de visitantes, menor competitividad frente a otros destinos y pérdida de empleo, expuso Valbuena.

Los efectos de las medidas de mitigación dependen de una acción global a la que Canarias tendrá que contribuir (aunque el archipiélago supone el 0,04% de las emisiones globales), pero las medidas de adaptación “dependen exclusivamente de nosotros, es una gran tarea local”, remarcó el consejero.

En este contexto, la estrategia aprobada este jueves es el marco de planificación regional que define la hoja de ruta “para avanzar hacia una sociedad climáticamente neutra y resiliente”.

En esta estrategia se disponen las determinaciones a las que deben ajustarse los planes, programas y políticas sectoriales, así como las transformaciones económicas y sociales necesarias para responder a la crisis climática, con la participación de todos los sectores de la economía y de la sociedad.

La estrategia se desarrollará con un Plan Canario de Acción Climática y un Plan de Transición Energética de Canarias, así como con planes de acción insulares y municipales.

Puntos calientes

El Gobierno de Canarias detectó en el Informe Resumen 2017-2021 de Evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas de Canarias, dirigido y ejecutado por la empresa Cartográfica de Canarias S.A. (Grafcan), casi 50 puntos de alto riesgo por la emergencia climática. Según las conclusiones de este documento, en menos de 80 años, más de 5.000 personas en las Islas tendrán que dejar sus hogares si se cumplen las peores previsiones para el archipiélago.

De los 47 puntos calientes, uno está en La Graciosa, nueve en Lanzarote, doce en Fuerteventura, siete en Gran Canaria, diez en Tenerife, cinco en La Palma, dos en La Gomera y uno en El Hierro. El Parque Natural de las Dunas de Corralejo en Fuerteventura, Garachico (Tenerife), Maspalomas (Gran Canaria), Caleta de Sebo (La Graciosa) o la playa de Famara de Lanzarote son algunas de las costas que corren peligro. 

En total, al menos 140 kilómetros de litoral están en grave riesgo por las inundaciones. “Hay dos tipos de inundación que se pueden producir en la costa. La primera, una de carácter permanente derivada del aumento del nivel del mar. La segunda, las que están asociadas a temporales, como las que se producen en Garachico”, explicó el geógrafo y coordinador del informe, Gustavo Herrera de Lamo. Como consecuencia, las afecciones amenazan a núcleos de población, hábitats naturales, infraestructuras de transportes o de abastecimiento energético, sectores productivos y patrimonio cultural. 

Adiós a 148 playas

La dependencia del turismo masivo también condena a la comunidad autónoma. El informe publicado por el Gobierno de Canarias establece que las Islas mantienen “una elevada especialización económica en el sector turístico, con un bajo grado de diversificación sectorial”. Esto conduce a una situación de “dependencia y vulnerabilidad frente a las perturbaciones de índole política, económica y ambiental”. 

Con la llegada de turistas recuperando las cifras preCOVID, la apuesta por el modelo turístico de masas ha abocado a las Islas a un “callejón sin salida”. Por un lado, el desarrollo de esta actividad económica pone a la región en una situación de peligro frente al calentamiento global, pero, al mismo tiempo, serán las consecuencias del propio cambio climático las que más dañen a este sector. En 2050, segúnm la predicción del Gobierno, desaparecerán 148 playas. En 2100, la emergencia acabará con el 45,2% de este tipo de superficies. En este escenario, “las pérdidas serán de 4.250.910 euros anuales'', rezaba el estudio.