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El Gobierno canario pierde más de 167 millones en subvenciones sin justificar

Los órganos gestores y la Consejería de Hacienda dejaron prescribir el plazo de cuatro años que la ley otorga para iniciar los expedientes de reintegro de cantidades

La Audiencia de Cuentas apreció en su informe inicial indicios de ilícito contable, aunque posteriormente retiró la valoración al aceptar parcialmente una alegación de la Intervención General

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Consejo de Gobierno de Canarias

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias ha perdido al menos 167,2 millones de euros por no haber exigido la devolución de las subvenciones y aportaciones dinerarias concedidas a perceptores que no las justificaron dentro del periodo legal establecido de un año. Los organismos gestores han dejado prescribir el plazo de cuatro años que la Ley de Subvenciones de 2003 otorga a las administraciones para reconocer o liquidar los reintegros, por lo que esas cantidades ya no se podrán recuperar.

Así se desprende del último informe de fiscalización elaborado por la Audiencia de Cuentas, publicado el pasado mes de diciembre con datos del ejercicio 2017. El órgano de control de la actividad económica de las administraciones públicas del Archipiélago destaca que, según la última información disponible, correspondiente a abril de 2018, las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar en los diferentes departamentos, organismos y entes del Gobierno regional ascendían a 439,7 millones de euros. De ellos, al menos 167,2 millones (el 38% del total) son anteriores a 2012 y, por lo tanto, han superado el plazo establecido para la prescripción sin que los órganos gestores ni la Consejería de Hacienda que dirige Rosa Dávila (CC) “hayan iniciado las medidas necesarias para analizar, depurar y/o reclamar los importes que se hallan en dicha situación”, a pesar de las advertencias de la Audiencia de Cuentas y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

La Audiencia de Cuentas ya avisó en diciembre de 2016 del riesgo de prescripción del derecho de cobro por subvenciones sin justificar en caso de que la administración no reclamase su reintegro. Entonces se contabilizaban 194,2 millones de euros pendientes de justificar.  La cifra se ha elevado ahora hasta los 439,7 millones aunque la consejera Rosa Dávila afirmó en una reciente comparecencia en el Parlamento de Canarias que entre abril de 2017 y julio de 2018 el departamento que dirige logró depurar unos 40 millones por este concepto.

La Intervención General de la Comunidad Autónoma también expuso en un informe fechado en abril del año pasado que esta situación se ha mantenido a pesar de “los cíclicos y reiterados acuerdos del Gobierno de Canarias, emanados en sucesivos ejercicios económicos desde el correspondiente a 2013 hasta 2018, en los que se insta de forma reiterada a los órganos gestores a la prioridad de resolver los reintegros de subvenciones y de aportaciones dinerarias, así como de su ejecución”.

Indicios de “ilícito contable”

El informe inicial de la Audiencia de Cuentas llegaba a hablar, incluso, de “hechos indiciarios de ilícito contable”, aunque finalmente esta expresión fue retirada de la versión definitiva del informe del órgano fiscalizador al aceptar parcialmente una alegación realizada por la Intervención General.

Los interventores de la comunidad autónoma entendían que, para disponer de una evidencia “adecuada y suficiente” de la presunta comisión de un ilícito contable, era preciso revisar los expedientes de forma individualizada. En su alegación, recordaban que el Tribunal de Cuentas (supremo órgano fiscalizador en el ámbito estatal) ya archivó las diligencias preliminares abiertas a raíz del mencionado informe de 2016 de la Audiencia de Cuentas sobre los ingresos pendientes de cobro.

En respuesta a esta alegación, la Audiencia de Cuentas precisaba que fue la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas quien apreció indicios de ilícito contable y que el organismo estatal de control no se pronunció sobre el fondo del asunto ni investigó los hechos. El archivo fue decretado por “insuficiencia probatoria”, ya que el tipo de auditoría realizado en aquella ocasión “aludía a hechos que, por sí solos, no revestían carácter de (responsabilidad contable por) alcance”, al examinarse cifras globales, sin entrar en expedientes individualizados, y “formas de gestión de derechos de cobro” con el objetivo de “detectar posibles debilidades en los procedimientos y proponer mejoras”.

La Audiencia de Cuentas redunda en que ese archivo no impide que, en un futuro y tras un proceso fiscalizador y de revisión de expedientes disciplinarios, pudieran apreciarse “indicios racionales de responsabilidad contable” si se comprobara el menoscabo a los fondos públicos. El órgano de control económico recuerda en su informe que todos los pagos deben estar respaldados por una justificación que “no puede quedar al arbitrio de quien gestiona o maneja los caudales públicos”.

La valoración sobre los indicios de ilícito contable fue retirada del informe al coincidir la Audiencia de Cuentas con la Intervención General en que la apreciación se enmarca en un “análisis general”.

Ingresos pendientes de cobro

A pesar de que, según la Audiencia de Cuentas, esos 167,2 millones de euros de subvenciones sin justificar ya no se pueden reclamar al haber superado el plazo de prescripción, el Ejecutivo regional incluyó esa cantidad en los ingresos pendientes de cobro de 2017. Tal y como publicó la semana pasada Canarias Ahora, Hacienda maquilló los presupuestos de ese ejercicio precisamente a través de ese apartado para poder presumir de un superávit que no era real, según se desprende del contenido del informe del órgano fiscalizador de la actividad económica de las administraciones públicas de las Islas.

La Audiencia de Cuentas advirtió de que el remanente de tesorería contabilizado por el Gobierno regional, el principal indicador de la solvencia económica de una administración, era incierto. Las cifras del Ejecutivo arrojaban un saldo positivo de 289 millones de euros cuando, según el mencionado informe, debió situarse en negativo con los cálculos correctos. Y es que esos 289 millones de euros habían sido calculados con una previsión “anormalmente baja” de ingresos de dudoso o imposible recaudación, de apenas un 2,1% del total (13,2 millones), cuando, según la fórmula establecida en una instrucción de la Intervención General, esa cantidad debió ascender a 354 millones. Con ese remanente de tesorería negativo, el superávit, cuantificado en 295 millones de euros, se convertiría en déficit.

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