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La Seguridad Social cifra en 67 millones de euros la pérdida de recaudación por la falta de personal en Fuerteventura

El director de la Tesorería General en la provincia de Las Palmas da a los sindicatos el dato oficial, que reduce en diez millones de euros la cantidad que había trascendido a principios de octubre 

Los representantes de los trabajadores exigen al organismo estatal que aclare si la falta de requerimiento de cobros y de tramitación de expedientes de subasta afecta también a las oficinas de Gran Canaria y Lanzarote

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Oficina de la Seguridad Social. (EFE)

Oficina de la Seguridad Social. (EFE)

El director de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas, Francisco Capellán, ha cifrado en 67 millones de euros la pérdida de recaudación en la isla de Fuerteventura por la falta de personal en la oficina del organismo en Puerto del Rosario. Como ya informó Canarias Ahora a principios de octubre, el déficit en medios humanos está impidiendo el cobro de determinadas deudas en vía ejecutiva y la tramitación de los expedientes de subasta de bienes embargados. 

La alarma saltó en la sesión de septiembre de la Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social en Las Palmas. Los sindicatos con representación en la provincia oriental, CCOO y UGT, aseguran que en esa reunión Capellán  cuantificó la deuda en 77 millones y en once los años sin realizar una subasta.

Ante estos datos, los representantes de los trabajadores decidieron acudir a la Audiencia de Cuentas, el órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado y del sector público, al entender que el caso puede tener repercusiones incluso penales, ya que "quien elige a qué empresas y reclamaciones dedica personal puede decidir distraer determinados expedientes a voluntad".

La delicada situación de la oficina de la Seguridad Social en Fuerteventura volvió a abordarse en la última reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada recientemente.

Los sindicatos habían advertido de que el borrador del anterior acta, que debía aprobarse en esta sesión, había omitido la respuesta que los trabajadores atribuyen al director sobre la deuda de 77 millones en Fuerteventura. Capellán negó haber declarado esos datos concretos y defendió que solo dijo que la falta de personal estaba complicando la labor de recaudación y de celebración de subastas. Las cifras que pudo proporcionar en esa reunión eran "ejemplos", pues en ese momento "no conocía las reales", aseguró.

La versión del director provincial de la Seguridad Social encontró respaldo en la representación del sector empresarial, que incluso llegó a acusar a los sindicatos de atentar contra los principios de lealtad institucional, confianza, sigilo profesional y libertad de expresión por divulgar informaciones "que no se han dicho", y de la secretaria, que no lo hizo constar en el acta esa afirmación al "no encontrarla en sus notas".

Sin embargo, más allá de la trifulca entre representantes sindicales y empresariales, la última sesión de la Comisión Ejecutiva de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas ha servido para conocer el dato oficial sobre la pérdida de recaudación en Fuerteventura, 67 millones de euros, diez menos de la cifra que trascendió de la reunión de septiembre.

Los representantes de los trabajadores también preguntaron por la fecha de la última subasta en la isla, por las medidas para atajar el problema y por el papel de la Inspección de Trabajo ante esta situación, aunque todas estas cuestiones quedaron sin respuesta. Los sindicatos temen que la falta de requerimientos de cobro se reproduzca en el resto de islas, que también sufren un colapso por déficit de medios humanos. Por ello, solicitaron al director regional que informe de las cifras de Gran Canaria y Lanzarote. Capellán se comprometió a recabar los datos para ofrecerlos en la próxima Comisión Ejecutiva.

Los sindicatos también han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la precariedad del servicio en las oficinas de la Seguridad Social de Las Palmas, con tiempos de espera de dos meses para una cita previa, y han solicitado una auditoría sobre el servicio del organismo estatal en la provincia oriental. 

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