''Varias empresas no van a resistir más de seis meses''

Los representantes de las empresas que trabajan en Canarias para la implantación de las energías renovables han advertido a la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, de que varias entidades de las Islas “no resistirán más de seis meses” sin poner en marcha sus proyectos.

Ramos mantuvo una reunión con el sector a raíz del Real Decreto Ley impulsado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, que anula temporalmente las primas a las nuevas peticiones de generación de potencia a partir de energías alternativas y las repercusiones que podrá tener en el Archipiélago.

El Ejecutivo regional indica en un comunicado que los empresarios, inversores e ingenieros mostraron su preocupación ante la suspensión de las bonificaciones y reiteraron que contar con este tipo de sistemas de producción eléctrica en las Islas y logrando el objetivo de alcanzar un 30% de producción energética a través de fuentes renovables supondría un ahorro anual de 100 millones de euros.

Asimismo, señalaron a los clusters y a las empresas que ya están operando en Canarias, y que confiaban poner en marcha los parques eólicos adjudicados en el concurso 2007, cuya inversión “se verá paralizada” si definitivamente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no contempla una excepción para el Archipiélago.

“Hay jóvenes ingenieros, padres de familia que ven como estos proyectos no salen y sus empresas no van a resistir sin poner en marcha las instalaciones más de seis meses o incluso menos. La gente no puede esperar meses para desarrollar su proyecto” denunció uno de los presentes en el encuentro, según afirma la Administración.

Los presentes insistieron en que hay 5.000 profesionales del sector que se están viendo afectados. “El 90% son jóvenes ingenieros que tiene una pequeña consultoría. Es capital humano formado que no tiene futuro”, defendieron. “El Pecan es una quimera si no se resuelven los problemas en la administración”, manifestaron y apostaron por trabajar con el Gobierno de Canarias para buscar una solución “óptima” junto con el Ministerio de Industria.

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