Las aerolíneas no podrán preguntar al viajero si es residente hasta el final de la compra

Las aerolíneas que operan en España deberán cambiar sus sistemas de venta de billetes de modo que, en las rutas a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, solo podrán preguntar al viajero si tiene derecho a descuento de residente al final de la compra, al revés de lo que hacen ahora.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado públicamente este cambio en los procesos de venta durante su intervención en el pleno del Senado, en una intervención en la que ha precisado que se trata de una decisión que también se ha consultado con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

Esta decisión llega después de las quejas de varios colectivos de usuarios y el Gobierno de Baleares, que han denunciado públicamente que los precios de los billetes entre la península y los dos archipiélagos han subido de forma presuntamente artificial desde que el descuento de residente se amplió del 50 al 75%.

Algunas de esas denuncias sostienen que las aerolíneas a las que atribuyen esas prácticas se aprovechan de que preguntan al viajero si es residente al empezar el proceso de venta para, a partir de ahí, ofrecerle un precio más alto, lo que desviaría en su beneficio el esfuerzo que el Estado hace en subvencionar los billetes.

En un comunicado, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a las más de 70 compañías que operan en España, se declara “perpleja” por esta medida “unilateral” del Ministerio de Fomento.

“Estamos muy sorprendidos y decepcionados con esta decisión que hoy se nos ha anunciado”, asegura la patronal de las aerolíneas, que recuerda que el sistema de descuento de residentes “está sometido a unos controles exhaustivos por parte de la Dirección General de Aviación Civil” y que las tarifas de las compañías son auditadas.

El presidente de la ALA, Javier Gándara, dice que las compañías no entienden que se aplique “una medida de este calibre sin ninguna prueba de que se esté realizando alguna práctica anómala”.

“La imposición de una modificación como la propuesta, tan gravosa para los intereses de los residentes, así como para el resto de ciudadanos usuarios de los servicios aéreos desde y hacia los territorios insulares, no puede ser la solución, y menos cuando no hay evidencias de que el problema al que se quiere dar solución exista”, opina Gándara.

Las aerolíneas sostienen además que este cambio vulnera el reglamento europeo 1008/2008, que obliga a que “en todo momento” se indique al cliente “el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación”.

“Además, la naturaleza dinámica de los mecanismos de fijación de precios provoca que a lo largo del proceso de reserva se produzcan cambios en los mismos, lo que puede dar lugar a incrementos en el precio a pagar por el residente en el caso de tener que esperar al final del proceso para identificarse como tal”, sostiene la ALA.