Anfi corre el riesgo de no cumplir con los bancos
La querella criminal de Anfi Internacional contra Santana Cazorla por apropiación indebida y administración desleal en la gestión del Grupo Anfi y sus empresas filiales incluye la alerta por parte de los socios noruegos de un posible incumplimiento del contrato de financiación firmado en febrero de 2006 con cuatro entidades bancarias.
En aquella operación, por la cual se vendió el 50% de las acciones del fundador, Björn Lyng, al constructor y promotor turístico Santana Cazorla, se firmó un contrato de financiación de 95 millones de euros con Banco Sabadell, CajaMadrid, La Caja de Canarias [estas dos ahora integradas en la nacionalizada Bankia] y el noruego Sparebanken Midt-Norge.
Los querellantes advierten que el contrato de financiación establece en sus cláusulas ratios de endeudamiento “complejos” que “no se podrán cumplir en las cuentas de 2012 por el dinero [ocho millones de euros] detraído [de Anfi Resorts y Anfi Sales, a Hermanos Santana Cazorla]”.
La compañía presidida por Santiago Santana Cazorla “no ha reformulado sus cuentas y está en riesgo de descapitalizacion, con grave incumplimiento con los bancos acreedores”, indica la querella a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, donde se lamenta que “más de 700 puestos de trabajo [están] en peligro por el Grupo Hermanos Santana Cazorla y sus asuntos particulares financieros”.
El Grupo Anfi también decidió sacar a subasta el campo de golf que la compañía tiene en el complejo de lujo de Tauro, en el municipio de Mogán, y aunque la subasta prevista para el viernes pasado fue cancelada por el propio Santana Cazorla, los querellantes cuestionaban en la querella, fechada en junio, que esa enajenación de patrimonio prevista se podía haber evitado de no haberse desviado más de ocho millones de euros de las empresas de Anfi.
Anfi Internacional BV señala en la querella que “el contrato de financiación prohibe la disposición de fondos que Hermanos Santana Cazorla ha venido realizando fraudulentamente para su exclusivo interés”, y avanza que “las consecuencias del abuso” por parte de Santana Cazorla con sus poderes irrevocables dada la situación de bloqueo del Consejo sean que los bancos acreedores den por vencido el contrato y provoquen un estado de insolvencia insalvable del Grupo o exijan aportes adicionales de dinero a los socios.
