El Consejo de la nueva Sestiba lo presidirá Sánchez-Simón
El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Gestión de Empresas Portuarias (Sagep), que surge del proceso de privatización de Sestiba en virtud de la nueva Ley de Puertos, contará con tres miembros y la presidencia del máximo representante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón.
Así lo ha explicado Sánchez Simón tras la junta general de la antigua Sociedad de Estiba y Desestiba, que ha ratificado de forma “irrevocable”, según ha precisado, la conversión de la entidad en un órgano privado, después de que el 51% de las acciones del puerto pasen a operadores privados.
Los accionistas serán La Luz Market, Opcsa, Líneas Marítimas Canarias y La Luz Terminal de Contenedores. De los tres consejeros de la nueva sociedad, uno lo mantiene la Autoridad Portuaria, y los otros dos, Opcsa y La Luz Terminal de Contenedores, respectivamente.
“La Autoridad Portuaria velará por la guarda de servicios y por los derechos de los accionistas minoritarios”, ha precisado Sánchez-Simón, quien indicó que el órgano gestor de los puertos de la provincia de Las Palmas se reserva el derecho de suprimir por un plazo de 15 días los acuerdos de la junta general de Sagep si son contrarios a los intereses del servicio público.
El capital inicial de la nueva sociedad es superior a los dos millones de euros y cuenta, por obligación legal, con la presencia de todos los operadores de estiba que operan en los puertos de la provincia de Las Palmas, salvo Trasmediterránea y Armas que se dieron de baja a última hora de ayer.
Sin embargo, Sánchez-Simón ha precisado que estas dos compañías, a pesar de haber causado baja como operadoras, siguen manteniendo su parte proporcional de la deuda histórica contraída por la empresa, que está valorada entre 16 y 17 millones de euros.
Este proceso de privatización permite la “normalización” de las tareas de carga y descarga de mercancías, destacó el presidente de la Autoridad Portuaria, cuyo servicio y organización será supervisada por el órgano público encargado de los puertos españoles.
En caso de que Sagep adopte medidas lesivas al interés general o de sus socios minoritarios, podrán paralizar los acuerdos de la junta general de la nueva entidad por un plazo máximo de 15 días, plazo a partir de cual intervendrán los tribunales para determinar la idoneidad de la decisión.
Deuda histórica
El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que la amortización de deuda histórica de Sestiba, que asume en su totalidad Sagep, se realizará a través del 50% de la cuota fija por operación, que deberá abonar cada una de las entidades.
Esta fórmula, según las ratios de carga y descarga previstas, permitirá que el déficit pueda ser saldado en un plazo máximo de entre nueve y diez años, según ha indicado Javier Sánchez-Simón. Sin embargo, uno de los puntos que ha suscitado más debate en la Junta General ha sido el valor de las acciones.
La Autoridad Portuaria defiende que se trata de un valor nominal, mientras que las operadoras defienden que debe tratarse del valor real de las mismas, lo que supondría ?entre otras cosas- que los accionistas tuvieran que aportar al ente público alrededor de dos millones de euros por el valor de las acciones de las que se ha desprendido.
Este pago a la Autoridad Portuaria se producirá “conforme se vaya cobrando el resto de la deuda”, ha precisado Sánchez-Simón, que ha reconocido que podrá haber impugnaciones en el futuro a este u otro respecto, lo que en “ningún caso” motivará una “vuelta atrás” del proceso ratificado por la Junta General de este jueves.
En el caso de que finalmente no exista un acuerdo entre las partes sobre el valor accionarial, será un experto independiente de la Tesorería General quien decida el valor final de las mismas.
