La crisis se muestra especialmente dura en Tenerife

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) afirmó este miércoles que el año 2008 será el ejercicio económico más complicado desde 1993 y considera que una segunda ola de la crisis económica está afectando de forma más brusca de lo esperado a otros sectores de la economía y no sólo a la construcción.

En el informe sobre las perspectivas económicas, la CEOE señala que la subida de los tipos de interés y la contracción en el crédito y en el consumo han reducido la tasa de crecimiento en el primer trimestre del año hasta el 2,2% interanual y prevé que el año finalice con un crecimiento por debajo del 2%.

Además, la patronal alerta de la pérdida de empleo que se ha producido y que no ocurría en términos interanuales desde el tercer trimestre del año 1993 por lo que asevera que hay una situación de crisis que se debe afrontar.

Agrega que entre los años 2001 y 2006, la economía canaria se benefició de una larga fase expansiva pero a pesar de ello los crecimientos de la productividad en Canarias no fueron los adecuados, por lo que la aportación de este factor al crecimiento en ese periodo fueron negativos.

En su opinión, durante el período de bonanza no se pusieron las bases para un modelo de crecimiento económico sostenible a largo plazo, no se potenció los sectores más productivos ni se diversificó la actividad económica.

Por el contrario, agregan los empresarios, se recurrió a una abusiva regulación y planificación de la economía a través de un “complejo entramado institucional y legal” que ni el propio Gobierno, cabildos y ayuntamientos han sido capaces de desarrollar y cumplir.

A juicio empresarial, ello provocó por un lado que se redujera el crecimiento económico de Canarias al menos medio punto anual con respecto a la media española y, por otro lado, que se expulsara a la inversión directa.

Recuerda que en el 2007 se inició la fase de desaceleración económica y alude a las incertidumbres que genera, por su influencia directa en la economía, tanto las tensiones de liquidez como las inflacionistas.

La patronal indica que el proceso de ajuste económico ha pasado ya de ser gradual y estar limitado básicamente al sector de la construcción a iniciar una segunda ola de efectos que se extiende al resto de la economía y lo hace además de una forma más brusca y contundente de lo vaticinado.

Añade que en Canarias, durante el primer trimestre del año 2008 no sólo se perdieron 17.700 empleos en la construcción en términos interanuales, lo que entraba dentro de lo esperado, sino que igualmente se destruyeron más de 23.300 puestos de trabajo dentro del sector servicios.

Sobre los dos proyectos de ley elaborados por el Gobierno de Canarias para paliar esta situación, los empresarios estiman que el que hace referencia a medidas fiscales para incrementar el consumo privado y la renta disponible, las medidas que contiene son de escasa cuantía y tan dilatadas en el tiempo que su eficacia será muy limitada y, probablemente, cuando se reciban serán destinadas por los perceptores más al ahorro que a estimular el consumo.

Respecto al otro proyecto que contiene medidas urgentes, la CEOE señala que se trata de un conjunto de disposiciones heterogéneas que intentar solventar, en circunstancias excepcionales, algunos de los obstáculos normativos y administrativos que dificultan la creación de riqueza en el Archipiélago, pero estima que no modifica el fondo del problema.

Asimismo, en lo que se refiere a los aspectos relacionados con las directrices del turismo, los empresarios señalan que se mantiene la temporalidad en cuanto al otorgamiento de autorizaciones previas por lo que augura que serán muy pocas o ninguna las actuaciones de renovación de la planta turística que puede acogerse a esta normativa.

Agrega la Confederación Empresarial que la nueva normativa no elimina la inseguridad jurídica en el sector y advierte que no puede existir planificación del empleo de los recursos privados ni proceso inversor que esté sujeto a cambios normativos cada cierto tiempo.

Por ello pide el establecimiento de un marco normativo claro, estable en el tiempo, y alejado de avatares políticos que elimine la incertidumbre que la actual normativa genera, que condiciona el proceso inversor en el Archipiélago, a la vez que permita maximizar el potencial de la economía canaria.

Añade que en Canarias, la combinación y multiplicidad de planes regionales, insulares, sectoriales, territoriales, parciales, especiales y de ordenación urbana en vigor o en estudio frena y dificulta la iniciativa empresarial en un momento de crisis en el cual deberían darse facilidades a los inversores en lugar de interponer obstáculos innecesarios en su camino.

Añade que en una crisis económica como la actual es preciso una apuesta decidida por parte de los responsables de las administraciones públicas por la realización de un ejercicio de austeridad en el gasto público no productivo y una priorización de las inversiones.