La Fecao exige suspender a todos los controladores
La Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) ha solicitado este viernes a la Fiscalía que aplique el Estatuto Básico del Empleado Público y suspenda de funciones a todos los controladores aéreos del Archipiélago.
La organización ha constituido la Comisión de afectados regional por los daños ocasionados al sector y denunciará en el Ministerio Público el incumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
En este sentido, reclama que se aplique el artículo 90 de dicha normativa en relación a la suspensión de funciones de todos los controladores aéreos de Canarias.
La Fecao recuerda que “podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto”.
“Una pena ejemplar”
Esta patronal sostiene que hay que “separar la reclamación de responsabilidad profesional, de la demanda de cantidades”, cuantía que asumirán la que decida el Gobierno de Canarias.
En todo caso, advierten de que no descansarán “hasta que el día 3 de diciembre no se recuerde por el día que los controladores pararon España”, por lo que reclaman que “debe aplicarse la ley de inmediato, con una pena ejemplar y ser recordada esta fecha por el día en que se aplicó la Ley en España a los empleados públicos, por incumplimiento del Código de su Conducta”.
“Los controladores han incumplido los artículos, 52,53 y 54,de la Ley mencionada, por lo que pediremos a la Fiscalía de manera cautelar, la suspensión de funciones de los controladores canarios, con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial, de las denuncias en trámite”, añaden.
Desempeñar “con diligencia”
La Fecao señala que el artículo 52 de los Deberes de los empleados públicos recoge que estos “deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público y transparencia”.
Además de “ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos”.
