“Fomentará la especulación y la burbuja inmobiliaria”: Izquierda Unida alerta del uso de la RIC para vivienda en Canarias

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha advertido este viernes de que el acuerdo entre PSOE, CC y PP para permitir que la Reserva de Inversiones (RIC) se destine a construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler residencial va en realidad a “fomentar la especulación y la burbuja inmobiliaria” y esconde un “regalo fiscal” de 2.500 millones de euros al sector privado.

Esta reforma, para la que solo resta su aprobación en el Senado, “consolida un modelo especulativo con recursos públicos” que alimentará “la burbuja del alquiler en Canarias”, cuando lo que procede poner en marcha es “una política pública y planificada de vivienda”.

“No es una solución habitacional, sino un regalo fiscal a quienes ya han acumulado riqueza”, puesto que se financia el mercado privado en lugar de reforzar el parque público y garantizar el derecho a una vivienda digna, según ha denunciado Luisa Tamayo, coordinadora nacional de IUC.

Tamayo enmarca la reforma en “la desregulación urbanística y pelotazo fiscal”, similar a la liberalización del suelo que impulsa el nuevo proyecto de Ley del Suelo del Gobierno de Canarias.

En ambos casos se busca “favorecer a los grandes propietarios, fondos de inversión y constructoras, mientras se expulsa a la población trabajadora del acceso a una vivienda asequible”, denuncia IUC.

Las restricciones que se establecen a los inversores beneficiados fiscalmente son “formales”, como la obligación de alquilar en un plazo de seis meses o la prohibición del uso turístico, puesto que se pueden burlar fácilmente, son insuficientes y no garantizan que las viviendas sean asequibles.

“Nos están vendiendo la idea de que este instrumento atraerá vivienda al mercado del alquiler, pero lo que realmente hace es multiplicar el negocio privado, sin control de precios, sin planificación pública y sin blindaje social”, asegura IUC, que reclama al Parlamento de Canarias que recupere “el control público del urbanismo y de la vivienda”.