El Gobierno estudia financiar reducciones de jornada
El Gobierno de Canarias va a estudiar la posibilidad de financiar la reducción de la jornada laboral de forma temporal en las empresas en dificultades a cambio de que no se produzcan despidos, según se anunció este jueves tras la reunión de la mesa de seguimiento del Pacto Social por la Economía y el Empleo.
En este encuentro estuvieron el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, junto a representantes de la CEOE de Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Jorge Rodríguez aclaró que la reducción de jornada con carácter temporal en las empresas depende de acuerdos entre los empresarios y los sindicatos, pero es una posibilidad incluida en el Pacto Social por la Economía y el Empleo cuya aplicación se estudiará en el marco del Consejo General de Empleo de Canarias.
Todos los participantes en la mesa de seguimiento del Pacto Social por la Economía y el Empleo salieron satisfechos de la reunión, en la que se analizó el conjunto del plan canario de empleo, al que se destinarán en dos años 430 millones de euros para subvencionar 60.000 contratos en las administraciones locales y 20.000 en las empresas privadas, en este caso mediante bonificaciones en el pago de la seguridad social.
Las medidas ya acordadas serán estudiadas para su aplicación en el plazo más breve posible tanto en el Consejo General de Empleo de Canarias, con participación de Gobierno y agentes sociales, como en los foros de coordinación entre el Ejecutivo y las corporaciones insulares y locales.
Para 2010, se emplearán 215 millones de euros para subvencionar 30.000 contratos en las administraciones insulares y locales y se incentivarán otros 10.000 contratos en empresas a través de las cuotas de la seguridad social, y los mismos planes se aplicarán en 2011.
En la reunión de seguimiento también se plantearon nuevas medidas para proteger el empleo ya existente, en particular la posibilidad de que el Ejecutivo canario financie los acuerdos entre empresarios y sindicatos para reducciones temporales de jornada que eviten despidos, hasta que, recuperada la actividad económica, los empleados vuelvan a la jornada completa.
No obstante, aún no se han estudiado los detalles para la implementación de esta medida, cuyo coste tampoco ha sido definido.
“Cómo se articulan esas ayudas debe estudiarlo el Consejo General de Empleo de Canarias, tomaremos las decisiones adecuadas para evitar picaresca y fraude”, adelantó Jorge Rodríguez.
Añadió que esas medidas de reducción de jornada dependen de que haya acuerdos entre los empresarios y los sindicatos, pero el Gobierno intentará apoyarlos, explicó.
Esa posibilidad de reducción de jornada se está estudiando en el marco del diálogo social a nivel nacional, pero si no se alcanzara un acuerdo en ese foro, dijo Rodríguez, “Canarias lo haría por su cuenta”.
El secretario general de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, aseguró que la financiación pública de acuerdos de reducción de jornada “es una apuesta de una enorme proyección para el mantenimiento del empleo”, porque evita que la única solución de las empresas en dificultades sea despedir a sus trabajadores.
Se trata de que el Gobierno canario pague la diferencia de salario que el trabajador deja de percibir de manera temporal hasta que se recupere la actividad de la empresa y pueda volver a su jornada completa, indicó.
Compensación de la pérdida salarial
El secretario general de Comisiones Obreras de Canarias, Juan Jesús Arteaga, dijo que aún no se les han facilitado detalles sobre la aplicación de esta medida, aunque señaló que la compensación de la pérdida salarial de los trabajadores que redujeran su jornada estaría condicionada a su participación en actividades de formación y cualificación profesional.
Aretaga dijo que dado que Canarias carece de competencias en legislación laboral, probablemente sólo se podría aplicar en las islas una experiencia piloto, a la espera de que haya un acuerdo a nivel nacional en el marco del diálogo social.
Arteaga dijo que la reunión de seguimiento del Pacto por el Empleo ha sido positiva, si bien matizó que las medidas anunciadas no suponen la creación de 80.000 empleos, sino la incentivación de 80.000 contratos.
Además, los contratos que se incentivarán a la empresa privada sólo serán una realidad si la actividad económica mejora y los empresarios están dispuestos efectivamente a realizar nuevos contratos, para lo que son necesarias otras medidas de estímulo de la economía, agregó.
El secretario general de UGT Juan Francisco Fonte también incidió en que “una cosa es incentivar contratos y otra crear empleo”, por lo que consideró que “si no tira el sector turístico” y no se aplican medidas de incentivo de la economía es dudoso que se puedan cumplir los planes del plan de empleo.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, se mostró muy satisfecho con la reunión y aseguró que todas las partes apuestan por el pacto y por trabajar unidos en favor del empleo.
El presidente de la Fecam, Lázaro Brito, se mostró contento con las partidas destinadas a contratación para las corporaciones insulares y locales, así como que se hayan adelantado las convocatorias con respecto a años anteriores.
Ahora es necesario definir entre cabildos y ayuntamientos el reparto de los fondos con criterios de equidad, para lo que se reunirán con el Gobierno de Canarias, indicó.
