7.500 multas por alquileres vacacionales
El Gobierno canario ha impuesto durante los últimos años alrededor de 7.500 multas a las personas privadas que alquilan a visitantes un lugar en el que residir durante sus vacaciones a través de un contrato por temporadas.
Esta modalidad se conoce precisamente como alquiler vacacional y en Canarias existen alrededor de 54.000 inmuebles dedicados a este fin, siendo el mayor punto de España en el que se localiza esta modalidad. Las sanciones impuestas hasta ahora abarcan entre los 18.000 y los 60.000 euros, “arruinando a muchas familias que no tienen otros ingresos a parte del alquiler. Cada vez se producen más sentencias a favor de los propietarios que pueden costear defenderse”, se indica desde la Plataforma que se está creando para reivindicar sus derechos.
En la actualidad quedan excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos la cesión temporal de una vivienda para uso turístico, pero sin embargo según algunas sentencias emitidas hasta ahora esta norma no impide el destino del alojamiento privado para turismo. Tan sólo se excluirían a este tipo de establecimientos de la Ley para remitirlos a una regulación específica según cada comunidad autónoma.
De forma significativa hay que señalar que los propios touroperadores ofrecen el alquiler vacacional conjuntamente con los hoteles, apartamentos turísticos o vuelos etc. actuando como intermediadores turísticos pese al vacío legal. También disponen de sus propias webs que ofrecen sólo este tipo de alojamientos sin ser multados. Al igual que tampoco ocurre con las grandes webs nacionales e internacionales de intermediación del alquiler vacacional. Muchos de los portales que operan en Canarias tienen el domicilio fiscal en la península ó en el extranjero, para dificultar la accesibilidad. Lo que significa que el impacto que podría tener fiscalmente Canarias se evade al exterior.
Esta modalidad de arrendamiento existe desde hace más de tres décadas en Canarias y beneficia en todo el país de forma directa o indirecta a alrededor de 436.000 personas, da empleo a 30.321 y genera un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros al año. Según esos propietarios no suponen nuevas plazas dada su antigüedad y hay una enorme oferta y demanda, de manera que es una práctica que está en auge en todo el ámbito mundial, además de ser ecológica y sostenible.
“No somos competencia para los hoteles o casas rurales. Las personas que alquilan este tipo de viviendas nunca se alojarían en hoteles. Huyen de los centros turísticos y buscan la naturaleza, la tranquilidad y mezclarse con las familias canarias. Las casas rurales son un producto distinto que tiene que cumplir una normativa muy estricta y a su vez, ofrece todas las garantías turísticas con sus certificados de calidad y clasificaciones.
Desde la misma asociación de casas rurales Attur se viene solicitando desde hace años que se regulen las viviendas vacacionales“, indican estos propietarios que han solicitado el apoyo ciudadano a través de la página changeorg. Igualmente, se demanda del Gobierno de Canarias una regulación de esta oferta a través de la dirección de Facebook: Plataforma por la regulación del alquiler vacacional permisiva y flexible que se ajuste a la realidad existente. ”Ya contamos con un apoyo que ronda los 3.000 firmantes y la cifra y los apoyos crece día a día“. La intención es alcanzar 15.000 rúbricas para presentar una propuesta al Parlamento canario.
Estos propietarios advierten que se trata de un producto distinto que tiene cabida en Canarias y supone un importante motor de desarrollo para los pueblos y zonas más desfavorecidas. “Nuestros clientes alquilan coches, compran en supermercados, comen en restaurantes y bares. Los ingresos directos e indirectos repercuten en la economía canaria”.
También niegan que salga más barato alojarse en este tipo de establecimientos que en un hotel, ya que al venir por libre los vuelos pueden ser mucho más caros, tienen que alquilar coches y comer en restantes, un dinero que se queda en Canarias. “Nosotros pagamos nuestros impuestos por los alquileres declarando los ingresos en la declaración de la renta. Decir que no pagamos impuestos y favorecemos la economía sumergida es como decir que hay que erradicar el pequeño comercio familiar para apoyar a los grandes hipermercados. La Ley debe recaer sobre cualquier persona que evada impuestos, sea del ámbito que sea”.
