Última oportunidad para el diálogo social
Gobierno, patronal y sindicatos se verán las caras el próximo miércoles 9 de junio, en la que se presume última reunión del diálogo social, para debatir cómo reformar el mercado de trabajo, tras el ultimátum del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que habrá reforma “con o sin consenso” el 16 de junio.
Este último intento por consensuar la transformación del mercado laboral se produce tras constatar “avances en algunas materias” de negociación en la reunión a tres bandas del pasado 2 de junio. Sin embargo, la filtración de que el Gobierno prepara introducir una indemnización por despido de 20 días para las empresas con dificultades económicas ha reavivado la posibilidad de una huelga general.
Sin ir más lejos, CC.OO. anunció el pasado viernes que ya ha iniciado los preparativos para convocar una huelga general, aunque sin precisar una fecha, mientras que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró que si el Gobierno implanta esa causa de despido “consolidaría el despido libre”.
En concreto, el Ejecutivo se plantea extender la utilización del contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días, a los hombres de entre 30 y 45 años de edad que lleven más de tres meses en el paro, así como incluir la polémica cláusula de despido procedente por mala situación económica. “En España es fácil, rápido y barato despedir. Si no fuera así no tendríamos 4,6 millones de parados”, clamó Méndez, después de rechazar que se “altere” el contrato de fomento, puesto que el despido de 20 días “ya existe”.
Dos años de negociación
Después de más de dos años de intento de pactar una reforma laboral, el presidente anunció el lunes pasado la intención del Consejo de Ministros de aprobar la sexta reforma laboral de la democracia “con o sin acuerdo” de los agentes sociales. Las diferencias no se han ocultado desde ninguna de las partes: “El acuerdo está muy difícil ante la persistencia de muchas diferencias”, sentenció el líder de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán.
El presidente también admitió que el acuerdo “no está nada fácil de conseguir”, por lo que adelantó que el Gobierno “ya tiene perfilado” el contenido del decreto ley si el diálogo social vuelve a fracasar.
Pese a todo, las partes insisten en apurar las negociaciones y así evitar que sea el Gobierno quien acabe imponiendo su criterio. En este sentido, la patronal se ha mostrado más complaciente con la posibilidad de una reforma por decreto, ya que sus tesis se aproximan más a lo que vienen exigiendo desde Bruselas, la OCDE y el FMI: rebajar el coste del despido e igualarlo más a la media de la UE. “No podemos demorar más la reforma laboral”, advirtió el patrón de patronos.
“Vamos a apurar hasta el último instante en aras del acuerdo”, afirmó la vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, tras el Consejo de Ministros, al tiempo que negó que el Gobierno maneje una “documento definitivo” sobre la reforma. “Es posible que puedan existir borradores y documentos de trabajo, pero no una propuesta oficial”, reiteró, para después emplazar al Consejo de Ministros del 16 de junio: “Ese día se conocerán cuáles son las líneas para modernizar el mercado laboral”.
¿Reforma y huelga general?
Así pues, parece que la reforma laboral se concretará este mes, lo que aún está en el aire es si vendrá acompañada de una huelga general. Desde CC.OO. y UGT se recuerda que ésta “sólo” se convocaría si el Gobierno “la provoca”, en alusión a un decreto que “lesione y menoscabe” los derechos de los trabajadores con un despido más barato.
De momento, la posibilidad de que el Ejecutivo acabe extendiendo el contrato de fomento y amplíe el despido procedente de 20 días al balance de las cuentas de las empresas ya ha culminado en el inicio de los preparativos de huelga de la central liderada por Ignacio Fernández Toxo.
Se trataría de la primera huelga general contra el Gobierno de Zapatero, tras seis años en el poder, y la quinta de la Democracia. Los sindicatos convocaron la última huelga general en 2002 por la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar -que incluía una modalidad que permite, sin preaviso y sin tutela judicial, poner en la calle al trabajador en 48 horas pagándole una indemnización por despido de 45 días-, lo que consideraron un “atentado” contra los derechos de los trabajadores.
