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Batllori justifica su trabajo en Arrecife e Inalsa

El exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez-Batllori Sánchez ha solicitado el sobreseimiento libre su causa, por la que está imputado en una pieza del caso Unión, mediante un escrito al juzgado instructor de esta trama de corrupción masiva en las instituciones de Lanzarote, en el cual justifica sus trabajos como asesor del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa insular de aguas Inalsa, tanto con testigos como con documentos.

Batllori, al que se le imputa hasta cuatro delitos en un reciente auto de la magistrada actual del Juzgado en la que convierte la instrucción en un procedimiento abreviado previo a abrir el juicio oral, asegura en este escrito, fechado el 12 de febrero, dos días antes del auto, que de las testificales aportadas y de la documentación remitida al juzgado, queda evidenciada la relación profesional que mantuvo con el consistorio capitalino y con la empresa pública.

La defensa de Rodríguez-Batllori esgrime que esas pruebas queda claro que “fue contratado verbalmente” por ambas instituciones “como contraprestación y no como consecuencia de ningún tipo de confabulación delictiva que tuviera por finalidad malversal fondos públicos”, uno de los cuatro delitos continuados por el que se encuentra imputado, por el cobro de unos 43.000 euros en facturas, presuntamente como tapadera de las gestiones que hacía en favor de Dimas Martín, principal encartado en la causa abierta en el Juzgado número 5 de Arrecife.

A instancias de la defensa de Batllori, por el Juzgado conejero han desfilado una docena de testigos que, a su juicio, ratifican que el abogado radicado en Gran Canaria realizaba trabajos para estas instituciones, y por tanto debía prevalecer la presunción de inocencia y no haber sido detenido en el marco de las fases operativas de la operación Unión, de cuyo arresto se reserva ejercer, en un futuro, las acciones legales pertinentes contra la Guardia Civil.

Altos cargos del Gobierno de Canarias como el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, o directores generales como Emilio Atienzar o Adrián Mendoza, en Calidad Ambiental y en Energía, testificaron que se reunieron en su momento con Batllori para asuntos tanto del Ayuntamiento de Arrecife como de Inalsa. El ex presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón, también declaró en ese sentido haber mantenido reuniones con Batllori.

El prolijo escrito de la defensa de Batllori detalla el contenido de esas reuniones -vertedero de Argana u otros temas-y detalle de los trabajos realizados y sus correspondientes facturas, para hacer prevalecer la presunción de inocencia de su defendido por encima de sospechas de si esa era la forma de cobrar por servicios prestados a Dimas Martín sin realizar trabajos.

La representación procesal de Rodríguez-Batllori llega a a afirmar que, en esos interrogatorios a testigos que ratificaban que el imputado se reunía con ellos para abordar asuntos de una u otra institución, “el fiscal hace preguntas ridículas”, sobre los conocimientos que tuviera el imputado en la materia, o si la reunión era “formal o informal”.

“Da la sensación de que no se persiguen hechos delictivos, sino personas, con preguntas” de por parte del juez y del fiscal que “transmiten la sensación (seguramente errónea) de que se intenta levantar piedras con la esperanza de encontrar algo que justifique una acusación”, en un intento, en cada interrogatorio a los testigos propuestos por Batllori, de “buscar motivos para no aceptar la evidencia del trabajo realizado” tanto al Ayuntamiento como a Inalsa.

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