Seis informes avalaban la continuidad de Pamparacuatro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió revocar el pasado 19 de abril la comisión de servicios otorgada al juez César Romero Pamparacuatro para continuar con el caso Unión a pesar de que había seis informes favorables a su continuidad y ninguno en contra. Anteriormente el Ministerio de Justicia rechazó un juez de apoyo para la investigación, a pesar de que lo apoyaba el CGPJ. Ese rechazo se ha repetido de nuevo con la nueva juez titular del caso.
El juez se trasladó a un juzgado de La Laguna el verano pasado y solicitó una comisión de servicios para continuar con el caso, que se le concedió el 17 de agosto de 2010 y a la que se incorporó el 24 de septiembre por un periodo de tres meses. Después pidió una prórroga a principios de diciembre, que se concedió el 9 de febrero de 2011, pero sin hacer mención a los gastos de traslado y dietas. El Ministerio de Justicia autorizó los honorarios del juez dos semanas después.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias comunicó al juez, respecto al pago de las dietas, que no se podía hacer cargo de los gastos de estancia y traslados porque en el acuerdo de la comisión permanente del CGPJ no se había autorizado esa circunstancia, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al CGPJ a pronunciarse sobre si existe derecho o no a percibir las dietas por desplazamiento.
El CGPJ pidió un nuevo informe al TSJC en abril y la respuesta fue positiva, señalando este órgano que consideraba que se debía otorgar la comisión “a pesar de la inminente provisión del Juzgado con alumnos de la Promoción 61 de la Escuela Judicial, al menos hasta que en el plazo de tres meses deje debidamente ordenado dicho procedimiento que podrá ser continuado posteriormente por el nuevo juez de primera instancia que se haga cargo del Juzgado número 5 de Arrecife”.
El asunto de las dietas finalmente no se llegó a solucionar. En lugar de eso, el 19 de abril, el CGPJ decide dejar la prórroga sin efecto ya que el día anterior había decidido nombrar un juez de refuerzo para el Juzgado número 5 de Arrecife, donde se tramita el caso. En la práctica nunca llegó a haber juez de refuerzo, sino que se produjo simplemente la incorporación de la nueva titular del Juzgado, que asumió su primer destino tras salir de la Escuela Judicial, primero en calidad de sustituta hasta el 27 de mayo que la nombraron titular. En dicho Juzgado no llegaron a trabajar dos jueces de forma simultánea.
La prórroga
Para conceder la prórroga de la comisión de servicios, el CGPJ recabó hasta seis informes favorables. El primero lo emitió el propio juez solicitante; el segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el mes de diciembre. También en ese mes emitió un informe el servicio de inspección del CGPJ señalando que existen “motivos más que suficientes para prorrogar la comisión de servicios propuesta” y que “a la vista de (?) la complejidad y trascendencia local de los delitos investigados, comporta que para una adecuada tramitación de dicha causa, tenga que seguir siendo tramitada por el juez instructor que desde su inicio la conoce hasta su terminación, evitando el retraso que supondría el examen por un nuevo juez instructor.”
El cuarto informe fue de un vocal del CGPJ, Manuel Almenar Belenguer, que decía que se informaba favorablemente “la renovación de la medida por tiempo de tres meses al persistir las circunstancias que motivaron su adopción, y más concretamente, la complejidad y voluminosidad de las diligencia previas 697/08, con más de cuarenta imputados y en los que en los próximos meses han de practicarse numerosas diligencias de investigación que no resultan asumibles en el normal funcionamiento del órgano afectado, el cual presenta un nivel de entrada del 253 por ciento en el orden civil en el año 2010.”
El quinto informe es de la comisión de modernización del CGPJ, en enero de 2011, que también es favorable. Ese mismo mes, el Poder Judicial, antes de conceder la prórroga, pidió un nuevo informe al TSJC para que “realice una nueva propuesta que se acomode mejor a la atención de las necesidades del servicio”.
Recurso
Tras el rechazo de la prórroga, el juez recurrió la decisión del Poder Judicial y presentó un recurso de alzada, solicitando medidas cautelares que dejaran sin efecto el acuerdo de anular la prórroga y pidiendo que se pronunciara el CGPJ sobre las dietas y la comisión de servicios. El Poder Judicial rechazó el pasado mes de julio aceptar las medidas cautelares y, casi cinco meses después, aún no ha resuelto el recurso.
Por otra parte, según ha podido saber ACN Press, el letrado Felipe Fernández Camero, que ahora está imputado en la causa, recurrió la decisión del Poder Judicial de conceder la primera comisión de servicios al juez, otorgada en septiembre de 2010. Camero representaba a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, detenida en la operación Jable. El propio Camero fue detenido en noviembre de 2010 dentro de la misma operación.
Déniz está acusada de varios delitos de cohecho, entre ellos uno relacionado con un viaje pagado por la empresa FCC, a la que se le concedieron las obras de construcción del pabellón deportivo de Argana. Su hermana, Carolina Déniz, que entonces era Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, llegó a declarar como testigo en la causa ya que participó en ese viaje.
