La jueza culmina la pieza de Urbaser e impone una fianza de 1,8 millones a la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz

Isabel Déniz, ex alcaldesa de Arrecife, y Felipe Fernández Camero, imputados en Unión / Foto: De la Cruz.

La jueza Silvia Muñoz ha culminado la investigación de la pieza del caso Unión relacionada con la presunta trama de comisiones en torno a la recogida de basura en Arrecife y a la construcción del pabellón de Argana. En total, son 17 los investigados contra los que continúa la causa, en fase de procedimiento abreviado, previa al juicio.

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Entre los principales acusados se encuentra la ex alcaldesa de Arrecife,María Isabel Déniz, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, uso de información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

A María Isabel Déniz, la jueza le da un plazo de tres días hábiles para que preste una fianza de casi 1,8 millones de euros. Además, ordena que se le traslade el auto dictado este lunes a su marido, José Domingo Abreut, para que comparezca en el procedimiento judicial en calidad de partícipe “a título lucrativo” por el beneficio que pudiera haber obtenido derivado de las presuntas prácticas corruptas de Déniz.

El ex jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, se enfrenta a los cargos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, delito de exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, además de actividades prohibidas a funciones públicos y falsedad documental. La jueza impone a Arrocha una fianza superior al millón de euros.

Del mismo modo, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, se enfrenta a los cargos de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

La jueza atribuye a Dimas Martín, fundador del PIL, los cargos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y uso de información privilegiada. También ordena que preste una fianza de 240.000 euros.

Su mano derecha durante años en el PIL, Matías Curbelo, está acusado de cohecho, malversación y fraude a la administración, así como prevaricación. Su confesión sobre el cobro de comisiones se destaca en el auto de 47 páginas dictado este lunes por la jueza del caso Unión.

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