El derribo de una casa centenaria en la costa de Fuerteventura se paraliza por un defecto de notificación

La familia propietaria de la casa de la Cueva de la Negra, en el sur de Fuerteventura, sobre la que hay una orden de derribo ha logrado paralizar el desalojo y tapiado de la vivienda por el incumplimiento de los plazos de notificación que establece el juzgado para la notificación por parte de la Demarcación de Costas del Estado.

Minutos antes de las 11.00 horas de este lunes, efectivos de la Guardia Civil y del Ministerio de Transición Ecológica se presentaron en la vivienda, propiedad de Pascuala Roger, con la idea de cumplir con la actuación prevista, que consistía en la entrada en el inmueble y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas.

Tras más de media hora de conversación, la representación legal de la familia ha conseguido parar, de momento, la entrada en el inmueble por no cumplirse los cinco días hábiles de notificación, al haber sido festivo el viernes en Fuerteventura. 

Pascuala Roger Pérez, de 80 años, manifestó hace unos días a Canarias Ahora su “profunda preocupación” y “miedo” ante la posibilidad de que Costas demuela el hogar, del que aseguran que tiene más de cien años de historia y que formaba parte de un poblado de familias dedicadas a la pesca, según recogen escritos históricos de la zona.

El derribo estaba previsto inicialmente para el pasado 26 de agosto, pero se consiguió paralizar después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares para suspender la demolición de la vivienda con el objetivo de evitar “un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico”.

La vivienda se encuentra situada en Pájara, frente al mar y junto de un yacimiento arqueológico guanche, concretamente, un conchero. Pequeña y de una sola planta, tiene con muros de piedra de hasta un metro de grosor. Se trata de una construcción tradicional vinculada al litoral desde sus orígenes y que era utilizada de manera estacional.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias remitió un escrito a la Demarcación de Costas del Estado para advertirle del riesgo de destrucción del patrimonio cultural si se llevaba a cabo el derribo previsto para este lunes.

El pasado viernes 18 de septiembre se hizo público que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria había admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por Pascuala Roger contra el auto contra el auto que autorizó la entrada en dicho inmueble, situado en la Cueva de la Negra.

Los hijos de la propietaria, Martín y Ana Francés, se han mostrado satisfechos con la nueva batalla ganada a Costas al lograr paralizar el desalojo y tapiado, aunque han reconocido que sigue adelante el derribo por lo que han pedido más apoyo a las administraciones de la isla a las que echaron en falta este lunes en la Cueva de la Negra.

Por otro lado, Martín Francés ha denunciado, en declaraciones a EFE, “la doble vara de medir” de la Demarcación de Costas del Estado pues la ley “no es igual para todos: lo que sirve para un hotel en una playa no sirve para una casa de 1910”.

Para Martín, el derribo de la vivienda sería “un mensaje que da Costas hacia cualquier otra casa, porque para ellos el patrimonio y la memoria no significa nada”.

“El derribo sentaría un precedente y para es importante terminar esta acción” porque, de no ser así, “sentaría un precedente contrario: el que nos podemos defender”, ha concluido