El caos informático en la Agencia Tributaria Canaria deja ‘colgados’ más de 30.000 trámites en plena huelga

Protesta de los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública de gestión recaudatoria de Canarias (Grecasa) frente al edificio de Servicios Múltiples del Gobierno de Canarias.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

La Agencia Tributaria Canaria acumula estos últimos días de enero más de 30.000 trámites telemáticos pendientes de resolver, en pleno periodo final del pago de los impuestos de la Comunidad, fundamentalmente el IGIC, correspondientes al último cuatrimestre de 2018. Es la cara oculta de la huelga de trabajadores de la empresa pública Grecasa, no solo sus oficinas de atención presencial al público.

Este martes a mediodía, más de 21.000 procedimientos telemáticos, como autoliquidaciones del ejercicio, declaraciones o resúmenes anuales de cuentas de todo tipo de sociedades y particulares, estaban todavía colgados, como los propios servidores informáticos de la Agencia, cuya gestión recaudatoria ejecuta Grecasa, cuyos trabajadores reclaman equipar sus salarios a los del personal de la Agencia.

Según los datos recabados por Canarias Ahora, tanto de fuentes de la propia ATC como del comité de huelga de Grecasa, las incidencias en un momento de máximo flujo de datos han desbordado el normal funcionamiento de los servidores, hasta el punto de que aparte de esos más de 20.000 trámites también se han quedado en modo procesando desde hace días más de 10.000 notificaciones, entre ellas avisos de embargos, con el consiguiente riesgo de caducidad de esos expedientes.

El sistema informático en Gestión Recaudatoria de Canarias, SA lleva unos 15 días, el tiempo que dura de momento la huelga, sin apenas mantenimiento. Y todo se ha venido a agravar en las fechas de máxima actividad telemática, desde el lunes de la semana pasada, cuando empezaban a vencer los plazos para ponerse al día con el fisco canario. De ahí que el viernes el Gobierno ampliara el plazo al 15 de febrero.

Pero la falta de acuerdo para decretar servicios mínimos, por ejemplo en el área de informática, ha dejado entre el lunes de la semana pasada, a las 13:00 horas, y este pasado lunes a todo el servicio sin nadie que pudiera atender las caídas del sistema. De ahí el atasco que se ha provocado en un momento clave para sacar adelante esos trámites por parte de contribuyentes particulares y sociedades.

Sólo ha sido posible, a partir de este martes, la presencia de un informático en el área de Desarrollo, en la que trabajan 13 personas, y de otro en el departamento de Infraestructuras, que cuenta con otros seis empleados. Ese desbordamiento del flujo de información ya ha está siendo diagnosticado, para encontrarle solución.

Los problemas también afectan al nuevo Sistema Inmediato de Información (SII) y no solo al pago correspondiente del Impuesto General Indirecto Canario. El SII es un sistema novedoso, de reciente implantación, que afecta a más de 1.800 grandes empresas radicadas en Canarias. Lleva meses en periodo de pruebas, pero desde el 1 de enero ya es de obligado cumplimiento para estas empresas remitir de manera automática en un plazo no superior a cuatro días todo tipo de facturación.

Esa información tributaria de máxima sensibilidad también se ha visto afectada por el colapso y abarca prácticamente a todo el tejido empresarial canario, ya que muchas de esas grandes empresas tienen como proveedores a otras más pequeñas, con lo que la Agencia Tributaria cuenta con una amplia base de datos.

Según ha explicado este martes Pablo Hernández, portavoz del comité de huelga de Grecasa, de momento no ha habido acercamiento entre los trabajadores y los directivos de la empresa dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda dirigida por Rosa Dávila (CC). El personal de Grecasa reclama su homologación con el de la Agencia Tributaria, ya que, explican, con las mismas funciones y formación cobran entre un 15 y un 30% menos que sus compañeros.

El representante de los trabajadores recuerda que los costes que han estimado para esa equiparación ascienden a unos 600.000 euros, para una plantilla de 134 empleados, 34 de ellos trabajando ahora mismo en servicios mínimos.

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