Protestas por la ley de inmigración de Arizona
El endurecimiento de la normativa en materia de inmigración recientemente aprobado en el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos), que facilita la detención y expulsión de extranjeros, ha puesto en pie de guerra a numerosos sectores políticos, económicos y sociales de México, que han anunciado numerosas protestas y medidas de presión contra una medida que consideran racista e injusta y cuya aplicación afectará a los nacionales mexicanos más que a ninguna otra comunidad extranjera residente en el Estado.
De momento, la ley ha sido criticada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien considera que “no va en la dirección adecuada”, y el Departamento de Justicia estadounidense ya ha anunciado que revisará a fondo dicha ley para comprobar que se trata de una medida constitucional. Amnistía Internacional ha advertido de que fomenta las detenciones basadas únicamente en criterios raciales.
Las protestas desde México han venido desde todos los ámbitos, incluso desde aquellos que normalmente evitan meterse en cuestiones políticas, como los empresarios. Sin embargo, en este caso, el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (la patronal mexicana), Mario Sánchez, llamó al boicot de los bienes y servicios producidos o radicados en Arizona.
“La sociedad tenemos una fortaleza muy grande, y es dejar de ir a comprarles, demostrarles (...) que realmente el peso económico que podemos generar es muy negativo también”, afirmó López en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.
Por su parte, la clase política mexicana se ha expresado unánimemente en contra de la nueva normativa de inmigración en Arizona. Desde la sanción de la ley por parte de la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, el pasado día 23, se han sucedido las declaraciones de condena, entre ellas las del presidente del país, Felipe Calderón.
Cooperación
De momento la polémica normativa de Arizona ya ha tenido una consecuencia a nivel federal entre Estados Unidos y México. Se trata de la decisión de un grupo de senadores mexicanos que han decidido posponer la aprobación de un acuerdo bilateral entre los dos países tocante a la cooperación en casos de emergencia provocados por desastres naturales.
Estos legisladores afirmaron que tras la aprobación de la Ley SB1070 (nombre técnico de la nueva normativa de inmigración de Arizona)“, no están en el ”ánimo“ de avalar un acuerdo con Washington, ya que consideran que la ley sancionada por Brewer ”agravia“ a los mexicanos.
Por su parte, un grupo de senadores mexicanos han decidido ir un paso más allá y han anunciado que el próximo 1 de mayo irán a la ciudad de Tucson, en Arizona, para tomar parte en una manifestación organizada contra la ley por parte de colectivos latinos del estado.
“Vamos a arropar a las organizaciones de hispanos, de migrantes, de derechos humanos que van a marchar en contra de la Ley SB1070”, afirmó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Torres Robledo.