Corrupción, referéndums y topar con la Iglesia

Tengo la sensación de que PP y PSOE no acaban de posicionarse como Dios manda, que diría Rajoy, contra la corrupción. Por lo que llevo visto, se enfrenta menos a ella que entre ellos, mirando siempre a las urnas que aguardan. El primer indicio es que existe en el Congreso un paquete de medidas del Gobierno que espera el santo advenimiento de un consenso con el PSOE, que no está por la labor. El bipartidismo de hoy tú, mañana yo y siempre los dos en el machito no pasa por sus mejores momentos. De todos modos, esa voluntad de consenso, aunque sea con la boca chica, resulta novedosa pues si algo ha caracterizado al Gobierno es la utilización del decreto ley para imponer recortes y otras granujadas que nos han cambiado la vida. Incluso hay leyes aprobadas solo con los votos de su mayoría absoluta que ha aplaudido la “victoria” con notable entusiasmo. El famoso “¡que se jodan!” con que la diputada Fabra celebró uno de esos triunfos quedó para los anales. Quiero decirles, en fin, que de interesarle al PP adoptar esas medidas durmientes ya estarían en vigor, para qué engañarnos.

Rajoy, como saben, respondió a la negativa del PSOE a consensuar las tales medidas cuasi amenazando, en tono despechado, con hacer que se aprobaran solo con los votos del grupo popular: le interesaba ir del bracillo del PSOE para distribuir la carga de los escandalazos de octubre que le ha puesto en la picota de la indignación ciudadana. A él y al resto de la clase política.

El intento pepero de repartir la mierda resultó tan burdo que puso de manifiesto hasta donde llega la imprevisión producto de la impunidad con que han obrado los corruptos más o menos presuntos. Nunca creyó el PP que las cosas llegaran tan lejos como para poner de manifiesto que no se trata de delincuentes aislados, ni de un par de manzanas podridas sino de tramas organizadas desde la política para el saqueo del país.

Pedro Sánchez no cometió el error de aceptar la prolongación del juego bipartidista. No le interesa ni por nada el pacto que algunos de su propio partido han propuesto como el gran acuerdo salvador que para no pocos observadores acabaría de hundir al PSOE. Una actitud que es, en principio, la adecuada. Y digo en principio porque me parece que mueven al líder socialista más las expectativas electorales de vencer al PP que otra cosa. En el momento de escribir está a punto de presentar un documento contra la corrupción que promete “contundente” con el que se propone marcar distancias respecto al PP. Cosa que me parece muy sana aunque echo en falta que no reservara una porción del énfasis que le ha puesto al documento prometido para las propuestas que ha ido adelantando de reforma de la democracia española, que es lo que está en peligro. No sabría decirles si la corrupción es causa o consecuencia del mal funcionamiento democrático, pero sí es un poderoso factor de aceleración de su deterioro que podría acabar de destruirla. Si ese documento, que seguramente ya habremos conocido cuando estas líneas vean la luz, se circunscribe estrictamente a la corrupción y no contiene compromisos activos para darle una vuelta de calcetín al sistema y profundizar en la democracia, de poco servirá.

El PSOE necesita ser creíble y asumir sus responsabilidades, que las tiene. Como las tiene el electorado en su conjunto que con demasiada frecuencia pone y repone como representantes a pájaros de cuenta reconocidos. Los resultados electorales han premiado más de una vez a corruptos lo que hace que la corrupción sea algo más que asunto de unos pocos y está en la misma base de la sociedad. Da la sensación de que la crisis ha producido la catarsis a la que apuntan las encuestas que han colocado en lo alto de la tabla a Podemos. La formación de Pablo Iglesias, por cierto, resulta indigesta para el sistema desde el que la acusan de casi todo. Desde populistas en el caso del PSOE, que procura mantener ciertas distancias no vaya a fagocitarlo, hasta las barbaridades de la derecha más casposa que la acusa de querer imponer el castrismo, el chavismo, de añorar el estilo de vida del comunismo soviético y hasta de asesinos dispuestos a calzar por quienes se les pongan por delante. Tratan de atemorizar a la gente con lo que ponen de relieve una pobreza intelectual y dialéctica que lucen sin sonrojo, por ejemplo, en los debates de los sábados en La Sexta en medio de un guirigay que llega a hacerse insoportable.

Volviendo a la corrupción, Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, acaba de afirmar que su partido no considera necesario hacer nada más contra la corrupción. Considera suficientes las medidas internas ya tomadas, lo que lleva implícita la decisión de no aclarar, entre otras cosas, la supuesta financiación, con cargo a la ya no tan supuesta caja b, de las reformas de su sede de Génova. En este asunto, poco ejemplar aunque sea un buen ejemplo, considera la Policía demostrado el abono por el PP al estudio del arquitecto Gonzalo Urquijo de 1,7 millones de euros procedentes de la caja b, que no existe según los peperos, sin que ni pagador ni cobrador los declararan a Hacienda. Da la sensación de que el PP no busca tanto acabar con la corrupción como mantenerse; en el machito, que el verdadero Poder está en otro sitio.

Los referéndums y la vela en el entierro

Del bolichazo, el Tribunal Constitucional ha dicho no al derecho a decidir de los catalanes el domingo que viene y le niega a los canarios la posibilidad de decir no a las prospecciones petroleras apadrinadas por Soria con sospechosa dedicación. No me extenderé mucho porque, una vez constatada la entraña del PP y de su Gobierno, poco cabe añadir. El caso canario es una muestra más de imposición colonial. Y resulta bastante curioso que quienes han bloqueado la consulta den por sentado que la mayoría de la población está por el petróleo, que es solo una minoría la que da la tabarra, y se opongan al referéndum que demostraría la razón que llevan. Le hubieran ahorrado a Repsol los gastos de su campaña publicitaria en que nos presenta a los canarios como unos palurdos despreciables. Campaña que celebro porque me parece bien que le den a ganar a los medios. Las contradicciones gremiales, ya saben. Es la filosofía del sepulturero que no desea que se muera nadie sino que corra el oficio.

El caso catalán es distinto aunque la actitud del Gobierno sea la misma: ¿para qué fatigarse dialogando teniendo ahí el Constitucional? Después de todo, la Constitución fue redactada desde una visión centralista: no hay una sola materia, incluidas las de competencia exclusiva de las autonomías, en la que no tenga el Gobierno central la última palabra. De ahí que, al ponerse en marcha el Estado de las Autonomías, no se redujeran los efectivos funcionariales centrales: se mantuvieron a la espera de que pasara el sarampión identitario para proceder a la “recentralización”; que no sé si el Gobierno pasó a ya a un segundo plano urgido por la que se le ha venido encima. No es casual que los tales recortes se hayan cebado en sectores públicos transferidos ni lo son los aspavientos para convencer (engañar sería el término) al personal del absurdo de que España, con equis habitantes, tenga más comunidades autónomas que landers Alemania, que la supera en población en varias equis. Con olvido de que las autonomías españolas son unidades territoriales, no poblacionales.

Pero a lo que iba: el Constitucional tenía que atenerse a esa baraja marcada por lo que el proceso de desarrollo autonómico, que en Canarias ha sido de pena, se dejó en el campo del Derecho no en el de la Política. A los gobernantes y a los representantes políticos correspondía optar por ese desarrollo o coger la senda del reduccionismo y aprovecharon la crisis para cargar sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales el pago de las facturas sin molestar a la administración central. Las cifras cantan.

En el caso catalán reventaron las costuras de traje. No entraré en el asunto de los dramas económicos y financieros de una Cataluña separada de España porque los divulga de sobra el nacionalismo españolista para acojonar a la gente. Y nuevo olvido: las dificultades no serían solo para Cataluña independiente en la medida que restaría su importante aportación al PIB español. Piensan los catalanes que bastaría dejar de contribuir al Estado español con ese dinero para disponer de fondos con que afrontar las consecuencias inmediatas de la secesión. Piensan, en definitiva, que si la deuda pública catalana sube hasta situarse entre el 80% y el 105% del PIB, el saldo fiscal favorable, al dejar de contribuir a España, compensaría el coste inicial de la separación. Argumentos los hay para todos los gustos y tengo la sensación de que Cataluña se ha ocupado más de hacer la prospectiva de su independencia que el Gobierno español, confiado en que esta no se producirá porque la ley está de su parte, su único alegato. Tener ahí al Constitucional tranquiliza mucho.

Esta actitud del Gobierno, negada al diálogo y con la ley por delante, ha contribuido a enquistar la cuestión al punto de que las concesiones de parte y parte en una negociación ya no serán percibidas como acuerdos razonables sino como derrotas. Para mí, Rajoy ha echado en saco roto las multitudinarias movilizaciones de las tres últimas Diadas sin tener en cuenta que son muchísimos los catalanes, nacionalistas incluidos, que no quieren la independencia sino aspiran a que se les reconozca el derecho a decidir, a pronunciarse acerca de cómo quiere que sea el futuro de su país. La mala fe de la parte española se manifiesta en el apunte de que el referéndum no sea solo catalán sino que puedan votar todos los españoles. Que yo sepa, nunca ha habido un referéndum de estas características que no limite la participación a los directamente concernidos. La interpretación restrictiva de la Constitución es evidente y la corrobora, insisto, que sustituya al diálogo sobre un asunto político por el pronunciamiento del Constitucional. Por esa vía, si los catalanes continúan erre que erre, no le quedaría al Gobierno sino seguir el consejo de don Leandro de Borbón para quien el problema se solventaría desplegando en Cataluña un tercio de la Legión.

Que los catalanes tienen el asunto bien estudiado lo denota que sigan dispuestos a celebrar la consulta del 9-N sin caer, al menos eso aseguran, en la ilegalidad de no acatar el pronunciamiento del Constitucional. Confieso que me he perdido en tantos dimes y diretes y sutilezas jurídicas por lo que me limito a señalar que antes de acabar de leer la resolución del Constitucional ya había convocado Artur Mas una reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. Sabía tan de antemano cual sería el pronunciamiento que tenía previsto el siguiente paso: una reunión de los partidos soberanistas con las no menos de 3.000 entidades integrantes del Pacto. Este podría encargarse de correr con la responsabilidad jurídica de la celebración y dejar a la Generalitat dentro de la ley. Al propio tiempo, el recurso de la Generalitat ante el Supremo contra la resolución del Constitucional por vulneración de los derechos fundamentales de participación, de libertad de expresión y de libertad ideológica, dejaría expedita la vía de los tribunales europeos si el Supremo ratifica el fallo del Constitucional; como seguramente ocurrirá, para qué engañarnos. No es preciso insistir en que no es bueno que a los tribunales, sometidos a la letra de la ley, se le endilguen problemas que deberían solventarse en el ámbito político.

Artur Mas ha demostrado ser más astuto que Rajoy; él o quienes lo asesoran, entre los que figuran nombres lo bastante ilustres como para andarse con ojo. Veremos qué ocurre el domingo y si se institucionalizan las sonoras caceroladas, que es una forma de impedir que decaiga el ánimo de participación ciudadana.

En cuanto a la actitud europea creo que el Gobierno corre demasiado al dar por sentado que cerrará filas contra la independencia catalana. De entrada, no creo que en los países de la UE sean comprensivos con la torpe manera de gestionar el Gobierno español un problema que les alcanza de rebote. No creo que el apoyo vaya a ser tan cerrado por temor a que puedan producirse efectos de emulación en los países con temas nacionales pendientes. Tenderán a ir con tiento no vaya a ser que encuentren los catalanes la solidaridad de sectores de las sociedades europeas. Por mucho que se le llene la boca al Gobierno con el prestigio y la imagen de España en el exterior, esta no llega al punto de esperar respaldos sin fisuras.

No hace mucho Rajoy o Guindos, no recuerdo ahora mismo, se jactaba de que ya no se veía por esos mundos a España como un problema sino como referencia de la solución. Y se me ocurrió, malvado que es uno, que bien podría ser esa manera de ver las cosas un resabio franquista atenuado. Me refiero a la machaconería del dictador erigido en centinela de Occidente, convencido de que ya vendrían las caducas democracias a reconocer que de no ser la luz de su despacho de El Pardo, siempre encendida y vigilante, el comunismo se las hubiera comido por las patas. España tiene mucho de que presumir pero no, precisamente, de ser espejo en que puedan mirarse las otras naciones. Es cierto que en todos sitios cuecen habas, que no hay nacionalismo ya sea con Estado o sin Estado, que no cuente con sus mitos que lo aglutinen pero una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas.

Inmatriculaciones: topar con la Iglesia

Don Quijote y Sancho llegaron al Toboso una noche tan oscura que tuvieron que buscar la mansión de Dulcinea a tientas. Don Quijote entrevió, al fin, una torre y a ella se dirigió: “Con la iglesia hemos dado, Sancho”, dijo a su escudero al comprobar que era el templo parroquial. Pero con el tiempo el “dado” fue sustituido por el “topado” para significar lo peligroso de tropezar con la Iglesia, sus intereses y su poder, lo que desvirtuó el sentido de lo escrito por Cervantes pero resaltó la percepción popular que late en el fondo. Viene esto a cuento de la que se ha formado en Navarra al saberse que el Arzobispado ha inmatriculado (registrado) a su nombre, según datos del Ministerio de Justicia, más de un millar de propiedades. Hay, claro, lugares de culto, pero también viñedos, huertos, fincas de labor, inmuebles, etcétera. La noticia no es nueva y ha dado lugar a la creación en Navarra de una Plataforma en contra de las apropiaciones. Si el conflicto no ha quedado olvidado en los juzgados es por la relevancia de la inmatriculación de la mezquita de Córdoba.

Las jerarquías eclesiásticas aseguran que han obrado dentro de la más estricta legalidad. Lo que es verdad. Se trata de un privilegio medieval que siempre ha estado ahí pero fue el cambio de la ley hipotecaria que en 1998 hizo Aznar la que creó el problema. Aznar permitió con su reforma a la Iglesia apropiarse de edificios públicos solo con que el obispo dé fe y certifique que le pertenecen. O sea, otorgó a los prelados facultades notariales. Si Pablo Iglesias quiere tomar el cielo al asalto, Aznar se muestra coherente con las prácticas de su partido de buscarse recomendaciones e influencias.

Así, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia inscribió la mezquita de Córdoba a su nombre. Dentro, por supuesto, de la ley reformada por Aznar, y pagando religiosamente, como no podía ser menos, el trámite: 30 euros que le dieron derecho a disponer de un edificio de más de 20.000 metros cuadrados en el centro de Córdoba. Un chollo porque, además, no paga IBI y los gastos de restauración y conservación de la mezquita y su entorno corren por cuenta del Estado. Y no solo eso: la visita al monumento cuesta ocho euros por persona y como al año recibe no menos de un millón de visitantes, ya me contarán. No se entregan recibos y ni falta que hace pues las entradas se consideran donativos legalmente exentos de tributación.

El de la mezquita de Córdoba es el caso más notorio, como dije, pero lo cierto es que desde 1998 la Iglesia ha inscrito cantidad de edificios, con frecuencia financiados por los vecinos de los pueblos. Muchos pensaron que Zapatero acabaría con semejante abuso, pero nada hizo. Rubalcaba prometió en su programa electoral arreglar las cosas y no lo dejaron y en cuanto a Rajoy ya me contarán. Hay quienes han cifrado sus esperanzas en que sea la UE la que exija al Gobierno cobrar el IBI a la Iglesia, como hizo en Italia por lo que han circulado las cifras que recaudaría Hacienda llegado el caso. La que más se baraja es de la 3.000 millones/año.

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