''La transparencia del mercado del agua no es cristalina''
El principal inconveniente del mercado del agua de La Palma, según se indica en el Estudio General de la Demarcación Hidrológica de la Isla, es que “tiene una transparencia insuficiente en la gestión del servicio”. Al afecto, en el descrito documento se puntualiza que, en la citada actividad, “no se dispone de información suficiente para una valoración económica precisa”. Fuentes consultadas por este medio calculan que el negocio hídrico factura en La Palma más de 11 millones de euros al año.
En la Isla, en este ámbito, se cuenta con “una administración pública, el Consejo Insular de Aguas, que aunque está adscrito orgánicamente al Cabildo, es funcionalmente independiente del mismo”. En general, en la Isla, “las inversiones, gestión y explotación de los recursos surgieron y fueron impulsadas con fondos privados interesados en incrementar los volúmenes de caudal captados”. Dichos particulares “se consolidaron en entidades denominadas comunidades o heredamientos de agua”.
Las descritas inversiones han creado tres tipos de mercados: los de las aguas, los de las acciones de aguas y los de acciones de canales. Sin embargo, según se detalla en el aludido estudio, “éstos, en su conjunto, es el mercado del agua”.
Los titulares de las aguas, “en una alta proporción, son a su vez agricultores, que las aplican en el riego de sus tierras”. Pero en otros casos “optan por ofrecerlas en venta o en permuta”. A su vez, “todos los ayuntamientos son, en mayor o menor medida, titulares de una proporción de las aguas alumbradas en las galerías que discurren por su municipio”. Con tal recurso atienden al abasto de la población, aunque “resulta insuficiente, por lo que deben adquirir más caudal”.
La captación, extracción y transporte de las aguas “se gestionan, en general, bajo los principios del mercado del agua”.
En cambio, los servicios de abastecimiento urbano, “así como los servicios de saneamiento (alcantarillado y depuración), son competencia municipal”. Los ayuntamientos prestan el servicio “directamente, en régimen de comunidad o a través de empresas públicas, mixtas o privadas en régimen de concesión”. En el caso del regadío agrícola, la gestión está en manos mayormente de las comunidades de regantes.
Servicios urbanos
En La Palma, el coste del servicio de saneamiento “supone el doble que el de abastecimiento, tanto para los gastos del gestor como para las subvenciones indirectas del coste de capital”. Actualmente en la Isla se generan 6,2 hectómetros cúbicos de aguas residuales. El tratamiento de las mismas se concentra, principalmente, en ocho estaciones depuradoras que tienen capacidad para filtrar algo menos del 50% de las aguas sucias.
