Algo urgente aprobado

Porque el papel lo aguanta todo, dice el nuevo borrador de decreto residencial en su preámbulo: “En cuanto a la urgencia, la acción normativa debe ser aprobada en el plazo más breve posible para que, cuanto antes, se pueda revertir la situación creada” y un poco más adelante, “La urgencia, además,resulta vinculada con la circunstancia de que no basta con la aprobación de las medidas, sino que, la situación que quiere superarse, requiere de su rápida aplicación”.

Urgencia, urgencia, urgencia, y es entendible que uno se pregunte qué entiende la clase política por urgente. Dos años después de finalizada la erupción nos vuelven a presentar otro nuevo borrador sobre los decretos que van a regular la reconstrucción del Valle, y si no me equivoco, este es el noveno, los ocho anteriores por la administración saliente, y este último, el primero de la entrante. Y entre nosotros, para entendernos, mejor más que administraciones saliente y entrante acertaremos más si decimos administraciones rodantes.

Los decretos de reconstrucción siguen sin aprobarse y ahora sufren un cambio radical en su planteamiento. Tenían que ser las herramientas normativas para organizar la reconstrucción, el pistoletazo de salida. En sí mismos, sólo son el marco en que se basará la reconstrucción, y esta empezaría cuando se empiecen a aplicar, si bien en la práctica, esta ha empezado al margen de cualquier norma. Salida nula, como todas las que se producen antes del pistoletazo de salida.

Desde mi opinión como técnico y centrándome en el decreto residencial, el planteamiento que se hacía en los anteriores borradores tenía dos grandes aciertos. Uno, la creación de un 'consorcio' que superaba el marco municipal para impulsar la reconstrucción desde un ámbito más global y unitario, dotado de capacidad presupuestaria y donde los ayuntamientos cedían voluntariamente parte de sus competencias en materia de ordenación del suelo. El otro acierto era que la administración asumía la tarea de liderar la reconstrucción, para lo cual se dotaba de este nuevo ente jurídico que era el consorcio, y buscaba reordenar el territorio desde la disciplina urbanística, ofreciendo a los afectados nuevas parcelas en suelos adecuados y urbanizados por ella, en base a permutas, mayoritariamente fuera de la colada, liberando con ello a los terrenos sepultados, de las prisas de reutilizarlos, cuando, como se ve en el nuevo decreto, razones técnicas lo impiden en gran parte, y donde entiendo es necesario hacer una reflexión profunda sobre qué hacer con esta nueva realidad espacial. Esto era posible porque la solución que se les ofrecía, (no imponía) a los afectados, fundamentalmente se hacía fuera de la colada.

Pero, claro, no puedes reclamar la función de liderar nada, ni pretender dar lecciones de nada a los nuevos, si te pasas dos años mareando la perdiz y dejas tu trabajo sin terminar.

Y podemos discutir si es bueno o malo tener una administración grande y que haga de motor social, pero sí existe (y existe, que así nos cuesta), tiene que hacer su trabajo, porque si no, solo nos sirve para dilapidar el dinero y en este caso, aún más importante, dilapidar el tiempo de la urgencia.

Medios no han faltado para la elaboración de los decretos. Buenos técnicos y empresas públicas derrocharon trabajo y entusiasmo. Cuando la parte técnica concluyó y después de un proceso de consenso con los afectados que más que consenso buscaba una forzada unanimidad que evitara posibles reclamaciones, el miedo a firmar pareció atenazar a los políticos y aunque todo estaba listo y más que listo, hablado y más que hablado, consensuado y más que consensuado, los decretos no se aprobaron y gran parte del trabajo acabó en la basura. Quizás miedo ante una situación totalmente nueva que los desbordó, inseguridad por la propia impericia política, no lo sé, pero sí sé, que no los aprobaron porque no quisieron hacerlo, y sí sé, que faltó liderazgo.

Todos los que estaban al mando en ese momento siguen. No han vuelto a sus casas o a sus trabajos particulares salvo alguna contada excepción. Solo han cambiado un puesto por otro, lo que antes era un despacho en una oficina es ahora una representación parlamentaria, una presidencia se ha convertido en un ministerio o una consejería. Y también todos los que están ahora, estaban antes, antes alcalde y ahora presidente, antes en el Cabildo ahora en el gobierno y pasa palabra y tiro porque me toca. Pero también todos los que estaban afectados siguen estando afectados y seguirán después que den ese pistoletazo de salida y el enésimo borrador sea aprobado.

Y aunque ya la Administración en el nuevo decreto ha renunciado a liderar nada (al menos estos no hacen perder más el tiempo) y todo queda en un búsquense ustedes la vida, cuando se apruebe, lo que se apruebe, si es que se aprueba, lo aprobado, servirá de poco, pues nadie puede esperar por la urgencia de los políticos, esas administraciones rodantes, que intercambian sillones. Los afectados, unos se habrán ido, otros habrán reconstruido por su cuenta, alguno seguirá en los barracones u hoteles, y otros ya no tendrán tiempo para empezar de nuevo. El dinero tirado a la basura, la inercia de la excepcionalidad del momento desperdiciada y ya si eso, volvemos a repartir las sillas en la próxima ronda electoral a ver si para entonces tenemos algo urgente aprobado.