Los palmeros que siguen pagando la hipoteca de una casa que ya no existe

Vecinos cargados de documentos se amontonan frente a la Casa Massieu. Esta edificación, transformada en una oficina de atención a los damnificados por el volcán de La Palma, ofrece asistencia jurídica gratuita a quienes hayan perdido fincas o viviendas. Más allá de superar la pérdida del hogar, los palmeros y palmeras tienen que enfrentarse ahora a todo el engorroso enjambre burocrático que les permita no solo recibir alguna ayuda, sino también dejar de pagar las facturas de un lugar que solo existe debajo de la lava y en el que no pueden volver a vivir.

Las hipotecas son “dos negocios jurídicos distintos que se hacen simultáneamente”, explica la abogada Dulce García. Por un lado, la persona solicita un préstamo que tiene la obligación de devolver. Por otro, para pagar ese crédito pone en garantía una vivienda. “La casa se puede perder, pero eso no significa que ya no se deba dinero al banco”, subraya la letrada. No hay ningún instrumento jurídico al que la gente pueda agarrarse para dejar de pagar la hipoteca.

La mayoría de las hipotecas tienen un seguro contra incendio, que no cubre una catástrofe como la erupción volcánica. “La aseguradora no les va a pagar por haber perdido la vivienda por la erupción porque no está en la póliza”, explica García. En ese momento entra el juego el Consorcio de Compensación de Seguros, una empresa pública que sustituye al seguro y paga a la familia en casos como el estallido de un volcán. “Pero ese dinero no se lo queda la persona, se lo queda el banco”, matiza la abogada.

Otro de los problemas que aparecen en estos casos es la cantidad percibida. “La gente cree que cuando hipoteca su casa lo está haciendo por el valor, pero normalmente aseguras el crédito que vas a pagar. Por ejemplo, una casa que vale 200.000 euros y el préstamo es de 80.000 euros. Esa es la parte que queda asegurada y eso es lo que cobra del consorcio”. Es más sencillo probar que una vivienda ha aumentado su valor si las mejoras son exteriores.  “Si se trata de una ampliación de metros no hay problema, porque ya existe tecnología suficiente para referenciarlo, como las fotos aéreas o los drones”, apunta Dulce García. En el caso de que la familia haya invertido mucho dinero en reformas interiores, será necesario recuperar las facturas.

La familia de Dévora vivía en la zona de Alcalá, alcanzada por la lava, y ya ha recibido el ingreso del Consorcio, pero en septiembre tuvieron que pagar íntegramente el pago del seguro. A una de sus vecinas, el Consorcio le respondió que no podían pagarle porque la casa seguía en pie, a pesar de que les quedaba apenas un cuarto de la vivienda. El dinero que recibieron Dévora y sus padres solo cubre el valor inicial de la casa, sin tener en cuenta la revalorización que le dieron las reformas ni los materiales de construcción que tenían para trabajar. “Pero bueno, más vale algo que nada”, valoran.

Después del 19 de septiembre, muchos vecinos de los barrios amenazados por las coladas empezaron a solicitar seguros ante el riesgo de perder su casa. En estos casos, existe un margen de siete días para que la póliza comience a funcionar, pero algunos de los solicitantes perdieron la casa antes de que se cumpliera este plazo temporal de una semana. Yomaira vivía en Todoque y al igual que ocurrió en el resto del barrio, su casa también desapareció. Allí residía con su hijo de dos años en una vivienda familiar “de toda la vida”. No tenía hipoteca, ni seguro, y ahora no sabe cómo recuperar el valor de todo lo perdido. Para recibir asesoramiento, recurrirá también a la Casa Massieu.

Los últimos datos de Copernicus, el sistema de observación terrestre europeo, data en 2.143 las edificaciones afectadas por las coladas. Por su parte, hace cuatro días el Cabildo de La Palma cifró en 2.270 las instalaciones destruidas o en riesgo de serlo. Mientras tanto, más de 6.000 vecinos han sido desalojados, algunos hasta en más de una ocasión ante el avance de la lava por diferentes barrios en su camino hacia el mar. Del total de evacuados, 439 personas sin alternativas alojativas están siendo acogidas en recintos turísticos y sociosanitarios.

Más de una vivienda en un mismo terreno

En La Palma, al igual que en otras zonas rurales de Canarias, es habitual que los diferentes miembros de una misma familia construyan sus viviendas en un mismo terreno. Muchas pueden ser construcciones legales y aseguradas, pero no es lo habitual, cuenta García. A pesar de ello, los abogados recomiendan a las distintas unidades familiares que luchen por demostrar que esas construcciones eran la residencia habitual de cada una de ellas. De lo contrario, muchos damnificados quedarían excluidos de las ayudas estatales a pesar de no tener recursos.

Según la ley, “cualquier medio válido en derecho” es suficiente para probar cuál era la residencia habitual. “Una factura de la luz, el empadronamiento o dónde se puso la vacuna contra la COVID-19. Conozco el caso de un hombre que ha encontrado en sus extractos bancarios el pago con tarjeta en una tiendita que estaba al lado de su casa”, ejemplifica la abogada.

¿Es posible recuperar el valor económico de todo lo que se ha perdido? “Yo te doy un 'no' rotundo”, responde la abogada. En La Palma, según la abogada, se conjugan “dos cosas muy extrañas”: la renta per cápita es muy baja, pero la calidad de vida es muy alta. “La forma de vivir de la gente es lo que le daba esa calidad y no el dinero. Hay gente que podía vivir con 300 euros al mes porque tenía sus cabras, sus gallinas y sus huertas”, cuenta. Sin eso y sin la vivienda “es imposible sobrevivir con ese dinero”. “Esto va a hacer que salte la pobreza que ya existía en La Palma pero que no se veía. Si a eso sumas que has perdido la vivienda, nunca se va a poder recuperar todo realmente por mucho seguro que hubieran tenido”, concluye García.