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Desestiman el recurso de Sercade contra el Cabildo por intervenir en la gestión de los centros de dependientes

La sentencia recoge que “está más que motivada la medida cautelar” impuesta por la Corporación para proteger a los usuarios de Triana, El Dorador y Princesa Acerina.

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La Justicia da la razón al Cabildo Insular de La Palma y apoya las actuaciones emprendidas por la Consejería de Asuntos Sociales para intervenir la gestión que la empresa mercantil Servicio Canario para la Dependencia SL (Sercade) realizaba en 2013 como concesionaria del servicio público a personas dependientes que se ofrecía en los Centros de Estancia Diurna de El Dorador, Princesa Acerina y Residencial de Triana, todos de titularidad del Cabildo, gestionados mediante concesión administrativa, según se informa en una nota de prensa.

Así se recoge en la sentencia emitida por el Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo en la que se desestima el recurso interpuesto por la empresa Sercade contra los acuerdos alcanzados por el Cabildo de La Palma, en el Consejo de Gobierno del 18 de marzo de 2013, para intervenir de manera provisional la gestión de los servicios prestados a personas dependientes.

En el texto de la sentencia, el Juzgado niega que el Cabildo haya “secuestrado la concesión”, tal y como alegaba Sercade, y considera que la Corporación “interviene para la adecuada protección de los usuarios del centro (discapacitados físicos y psíquicos), cambiando las personas del director y del psicólogo del centro ante unas quejas y tras una información reservada en la que recaba testimonios sobre el trato a los residentes del centro".

En vista de los argumentos planteados por el Cabildo, la sentencia considera que “está más que motivada la medida cautelar” impuesta por el Cabildo, y “es plenamente proporcionada”, por lo que procede a desestimar el recurso contencioso. Además, en caso de que la sentencia sea firme o confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, pide que se “comunique al Ministerio Fiscal al tratarse de personas incapaces, y por si aprecia conductas penalmente relevantes en el proceder de los responsables del centro”.

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, ha expresado su satisfacción por la resolución recogida en la sentencia.

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