La Unión Europea ve en el "deficiente sistema de expulsiones" el principal problema en la gestión migratoria

Una de las 42 personas rescatadas por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria este 3 de mayo

''La migración no es agua, que cuando cierras una ruta se mueve hacia otro lado. La gente que emigra tiene complejas razones para hacer lo que hace''. El portavoz de Migración de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz, ha negado una de las principales causas que explican la reactivación de la ruta migratoria canaria desde África. El último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) establece la desviación de las rutas migratorias como una de las razones de la mayor intensidad de llegadas al Archipiélago desde el último trimestre de 2019. ''La presión policial y el control de fronteras en la ruta del mediterráneo central y occidental, así como la mayor dificultad de acceder a Ceuta y Melilla, han provocado un desplazamiento de la migración hacia la ruta del Atlántico, diversificando los puntos de salida a lo largo de la costa de África Occidental'', explica el estudio. Sin embargo, Jahnz ha rechazado en el capítulo Invasión, que da comienzo a la segunda temporada del programa Trópico Distópico de RTVC, que la militarización de otras vías haya empujado a más de 26.000 personas a tomar el camino más mortal hacia el continente europeo.

La COVID-19, los conflictos en el Sahel y las relaciones con Marruecos, claves en la llegada de migrantes a Canarias

La COVID-19, los conflictos en el Sahel y las relaciones con Marruecos, claves en la llegada de migrantes a Canarias

Adalbert Jahnz ha subrayado que el principal problema en la gestión migratoria de Europa es que el sistema de deportaciones no es “suficientemente bueno”, lo que permite que “personas que no cumplen con el perfil de solicitantes de asilo se queden en el continente”. Sin embargo, respecto al bloqueo de este grupo de personas en Canarias, el portavoz de Migración ha asegurado que “no es política europea”, sino responsabilidad de las autoridades españolas. “Depende de ellos decidir cuándo es buen momento y cuándo no”. Esta afirmación se suma a la explicación de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que afirmó en marzo que el Gobierno de España tiene la última palabra sobre las derivaciones de migrantes que no tienen derecho a protección internacional desde las Islas a la Península. 

Para el portavoz de la Comisión Europea, la respuesta al fenómeno pasa por tener una red de espacios para atender a las personas que lleguen de forma eficaz. Esta carencia ha sido la que en Canarias ha dado lugar al hacinamiento de miles de personas en el muelle de Arguineguín. Una imagen que, según el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, nunca debió producirse. 

La solución temporal que el Ministerio de Migraciones encontró al campamento precario instalado en el municipio de Mogán fue su derivación a complejos turísticos cerrados por la pandemia. El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, valora esta decisión como “impecable desde el punto de vista humanitario”, pero reconoce que debía haber una red de centros propiedad del Estado ya preparada. 

Varias organizaciones especializadas habían alertado antes de la pandemia de un posible repunte en las llegadas de pateras y cayucos a Canaria. En esta línea, Pestana dice que “nadie advirtió de la dimensión del fenómeno”. “Se hablaba de 10.000, pero llegaron 23.600 en 2020”. 

Él y el presidente canario coinciden en la falta de colaboración por parte de muchos ayuntamientos, entre ellos, el de Mogán, dirigido por Onalia Bueno. Pestana asegura que la líder de Ciuca en el municipio llamaba a los dueños de los hoteles para que no alojaran migrantes. Bueno, además, amenazó a los hoteleros con sanciones de hasta 30.000 euros si cedían sus espacios a fines humanitarios. 

Política de “muerte” en las fronteras 

Según Torres, los brotes de racismo que han surgido en Canarias en los últimos meses han eclipsado los riesgos de emprender esta ruta, la más mortal de acceso a Europa. La activista y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, defiende que “lo que se aplica en las fronteras es una política de muerte, un negocio”. “Alguien se beneficia de esto”, insiste. “Hemos normalizado que una persona muera por cruzar una frontera”. Maleno recuerda que además de las personas que mueren en el camino o desaparecen tragadas por el mar, las familias también son víctimas. “El cuerpo de más de un 90% de las víctimas de la frontera no han sido encontrados. Las familias no tienen un cadáver que enterrar”. 

La activista ha sido hostigada durante años por su labor. En 2018 fue investigada por el Tribunal de Apelación de Tánger por un supuesto delito de tráfico de personas por sus llamadas a los servicios de rescate de España y de Marruecos alertando de que había personas en embarcaciones precarias en riesgo en mitad del mar. La Policía española fue la que envió a Rabat un informe sobre ella durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este dossier, según Maleno, no era de carácter policial sino "político", ya que incluía además un listado de parejas sentimentales de la activista. "A las mujeres se nos criminaliza el doble", defiende. Finalmente, el juzgado marroquí archivó la causa.

La normalización de la muerte de las personas migrantes es, además, un ejemplo de su deshumanización. “Más de mil personas han muerto intentando llegar a Canarias en medio de una indiferencia generalizada”, apunta Daniel Buraschi, miembro de la Red de Acción e Investigación Social. Para el investigador, la acogida de más de 1.500 personas en un lugar “poco apropiado” como el campamento de Las Raíces, en Tenerife, también es un ejemplo de deshumanización. “Hay una tortura psicológica”, concluye Buraschi.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats