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Los obstáculos para conseguir una cita empujan a los solicitantes de asilo a la exclusión en Canarias

Imagen de archivo de la llegada de un cayuco al muelle de La Restinga, en El Hierro

Natalia G. Vargas

17 de junio de 2024 13:21 h

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Los obstáculos que las personas migrantes enfrentan en la ruta canaria no terminan en el mar. El informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentado este lunes en el Cabildo de Gran Canaria, concluye que las dificultades para conseguir una cita en Canarias empujan a los solicitantes de asilo a la desprotección y a la exclusión. En 2023, 39.931 personas llegaron a las islas. La mayoría expresó su deseo de solicitar protección internacional. Sin embargo, la imposibilidad de obtener una cita para iniciar los trámites y las limitaciones en los tiempos de estancia en los centros de atención humanitaria dejaron a muchos supervivientes desamparados y sin poder acceder al sistema de acogida.

Según el documento publicado por CEAR, las personas migrantes y refugiadas enfrentaron el año pasado serias dificultades para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales. Los trámites burocráticos, la discriminación étnica y racial y la brecha digital son algunas de las causas que explican estos obstáculos, que se suman a las barreras para empadronarse y para abrir una cuenta bancaria. Todas estas limitaciones han hecho que para las personas migrantes y refugiadas sea imposible ver garantizados sus derechos a la vivienda, al empleo, a la sanidad o a la educación. “Les coloca en situación de gran vulnerabilidad”, advierte el texto. 

Canarias experimentó en 2023 un “drástico” repunte de llegadas, que desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la bautizada como “crisis de los cayucos” de 2006. Siete de cada diez llegadas a España se concentraron en la mortífera ruta del Atlántico.

En esta línea, el Archipiélago se convirtió en la cuarta comunidad autónoma que más solicitudes de protección internacional recibió, con 8.621 peticiones, solo por detrás de Madrid (52.684), Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). En Canarias, la mayoría de las personas procedían de Venezuela, Colombia y Cuba, y a mayor distancia se encuentran países africanos como Senegal  y Mali.

El coordinador territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha recordado este lunes durante la presentación del informe que, a pesar de la emergencia humanitaria, España sigue a la cola del reconocimiento de asilo. El año pasado se resolvieron favorablemente apenas el 12% de las solicitudes, mientras la media europea mejoró tres puntos hasta alcanzar el 42% de reconocimiento.

Este retroceso contrasta, según la entidad, con el contexto internacional actual, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de ACNUR. A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, como el genocidio en Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias.

Una ruta letal 

Buena parte de las personas que llegaron a las islas salieron de Senegal y de Gambia en embarcaciones sobreocupadas, con El Hierro y Tenerife como principales destinos. También en 2023 aumentó la presencia de menores no acompañados entre quienes tomaron la ruta. La inestabilidad política y socioeconómica que golpea a los países de África Occidental figuran como algunas de las razones que empujan a las personas a migrar, así como las dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la falta de perspectiva de futuro próspero.

''Se trata de un fenómeno multicausal con un motor común: la falta de protección de los derechos humanos'', concluye el informe de CEAR. Las mujeres enfrentan desafíos adicionales como la violencia de género, la trata de personas y la violencia sexual tanto en los países de origen como durante el viaje. 

Según CEAR, la identificación de personas fallecidas en el mar y la búsqueda de familiares desaparecidos en la ruta canaria siguen siendo las grandes lagunas de la gestión migratoria. Las incesantes tragedias han convertido a la ruta atlántica en la más mortal del mundo. 2023 fue el año más letal desde que hay registros.

El colectivo Caminando Fronteras cifró en 6.007 las personas que perdieron la vida intentando llegar a Canarias el año pasado. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reivindicado durante la presentación del informe la necesidad de crear vías legales y seguras para acabar con las muertes en el mar.

Juan Carlos Lorenzo ha insistido en que el informe no solo describe una terrible realidad, sino que plantea propuestas para mejorar la vida de las personas refugiadas y migrantes. “Es fundamental salir de la emergencia y darle importancia al enfoque estructural de este fenómeno”. Además, en cuanto a la acogida de menores sin referentes familiares, subraya que ''la situación es inasumible para el archipiélago, que se topa con la incomprensión de otras comunidades autónomas''.

El pacto de asilo

El informe de CEAR también analiza las consecuencias devastadoras que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.

Respecto a esto, Antonio Morales señala que, a pesar de no aprobar la totalidad del contenido del Pacto, se debe garantizar su aplicación. Por su parte, Carmelo Ramírez considera que este no afronta las causas y no propicia cambios en los países empobrecidos para evitar que la gente se vea obligada a emigrar.

Sin embargo, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección. “El resultado de las elecciones europeas es preocupante porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo. Esperamos que España impulse un cambio de rumbo para situar en el centro a las personas y sus derechos”, plantea Juan Carlos Lorenzo.

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