La AN investigará las torturas de un preso en Guantánamo
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha declarado partidario de investigar las supuestas torturas que el preso marroquí Lahcen Ikassrien sufrió en la base militar estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005, al considerar que actualmente dispone de residencia y arraigo en España, informaron fuentes jurídicas.
Los magistrados, que han deliberado sobre este asunto desde el jueves, avalan de esta forma, en contra del criterio del fiscal, un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite una querella presentada por la defensa de Ikassrien para que se investigaran estos hechos.
En su reunión de este viernes, el Pleno ha desestimado la ponencia que defendía el juez Fernando García Nicolas, que era partidario de aceptar el recurso de apelación que la Fiscalía presentó contra el auto de Garzón, y ha acordado redactar una nueva que recaerá por “riguroso reparto”, según las citadas fuentes, en el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.
NO ERA COMPETENTE, SEGÚN EL FISCAL
El fiscal Vicente González Mota recurrió la apertura de la investigación por parte de Garzón, al entender que los hechos no se ajustan a los supuestos contemplados en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que la justicia española es competente para investigar delitos de genocidio, terrorismo y lesa humanidad si se acredita que los supuestos responsables están España, existen víctimas de nacionalidad española, se constata “algún vínculo de conexión relevante con España” y no se han iniciado otros procedimientos en países competentes o en un tribunal internacional.
Ahora, la mayoría del Pleno ha estimado que la “conexión relevante con España” que exige la ley se cumple con la residencia y el arraigo que posee Ikassrien. Este nuevo criterio, opuesto al defendido por García Nicolás, será recogido en la nueva ponencia, que será respaldada por la mayoría de los 18 integrantes del Pleno de la Sala.
Además, el representante del Ministerio Público alegaba que los hechos contenidos en la querella admitida por Garzón eran “esencialmente coincidentes” con los investigados en un procedimiento instruido en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Su titular, Eloy Velasco, cursó una comisión rogatoria a las autoridades Estados Unidos el 4 de mayo de 2009 y le dio de plazo hasta el próximo 1 de marzo para que le confirmaran si la Justicia de este país investiga la creación de la base de Guantánamo.
CAUSAS PARALELAS
En enero de 2010 Garzón admitió a trámite una querella presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.
Garzón, que fue suspendido en sus funciones el 14 de mayo de 2010, unió esta causa a unas diligencias que tenía abiertas para investigar las torturas que habrían sufrido cuatro presos de Guantánamo, entre ellos Ikassrien. Los otros tres eran Hamed Abderraman Ahmed, conocido con los alias de 'Hamido' y el 'talibán español', el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.
Los dos primeros comparecieron el 15 de febrero de 2010 ante Garzón que fueron torturados bajo la autorización del general Geoffrey D. Miller, que fue comandante de la cárcel entre noviembre de 2002 y agosto de 2003. Los cuatro presos se enfrentaron en España a la acusación de pertenencia a organización terrorista aunque ninguno fue condenado por este delito.
Las asociaciones presentaron la misma querella ante Garzón en abril de 2009, aunque ésta finalmente recayó por reparto en el juez Eloy Velasco. Antes de decidir si la admitía o no a trámite, el magistrado cursó una comisión rogatoria a Estados Unidos para preguntar si la creación de la cárcel de Guantánamo estaba siendo o no investigada en este país y para que, en el caso de que existiera una causa sobre estos hechos, le concretara qué autoridad la estaba tramitando.
“IMPUNIDAD EN GUANTÁNAMO”
En la querella se acusa a los creadores de Guantánamo de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y “establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el Centro de Detención de Guantánamo”.
En concreto, la acción penal está dirigida contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.
