La AN procesa a 7 militares chilenos por secuestrar y asesinar a Carmelo Soria
Formaban parte de los servicios secretos de la dictadura de Pinochet y están acusados de genocidio, secuestro y asesinato
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.
En un auto acordado a instancias del fiscal Carlos Bautista, el magistrado imputa indiciariamente los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal a los siete integrantes de la 'brigada Mulchen' del servicio secreto chileno, que respondía a las órdenes de la Junta Militar de Gobierno y “más tarde y exclusivamente” a las del general Augusto Pinochet, ya fallecido.
En concreto, el juez ordena la busca, detención e ingreso en prisión del suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch. Tras su detención, solicita su extradición a España para que sean juzgados.
“PLURALIDAD DE DATOS INCRIMINATORIOS”
Ruz sustenta el procesamiento por “la pluralidad y conjunción de los datos incriminatorios obtenidos” en la causa, que se han visto corroborados por las declaraciones realizadas por exempleados de la DINA, las inspecciones oculares llevadas a cabo en el lugar de comisión de los hechos por el tribunal competente de Chile el 22 de julio de 1976 y las declaraciones que realizaron tanto la viuda de Soria como testigos referenciales, los policías chilenos que intervinieron en la investigación y la médico forense que realizó el informe pericial del caso.
De igual modo, sostiene que la Audiencia Nacional es competente para asumir investigación en aplicación del principio de jurisdicción universal, al tratarse de un supuesto delito de genocidio y lesa humanidad del que habría sido víctima un español fuera del territorio nacional.
El juez también hace suyo el argumento expresado por el fiscal en el sentido de que la Corte Suprema de Chile archivó en 1978 la investigación que había abierto por estos hechos tras aplicar “una amnistía que no respondía al consenso total de las fueras políticas en un periodo constituyente”.
ELIMINACIÓN DE OPOSITORES
Según el relato de hechos recogido en el auto, Soria, que trabajaba como jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), fue asesinado dentro del “proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar” que emprendió la dictadura chilena.
Cuando volvía a su casa de Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, fue secuestrado por los agentes de la DINA, que asegurando que había cometido una infracción de tráfico lo trasladaron a una vivienda situada en la vía Naranja, que era ocupada habitualmente por el norteamericano Michael Vernon Townley Welch y que funcionaba como “centro clandestino de interrogatorios y torturas”.
En la vivienda, según la resolución judicial, los agentes de la DINA maniataron a Soria, le vendaron la cara y le fracturaron varias costillas mientras le preguntaban si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y le instaban a explicar cuál era “su misión en el país”. Mientras tanto, Soria sólo murmuraba: “Pobre Chile”.
SIMULARON UN ACCIDENTE
Tras asesinarle, los agentes le inyectaron media botella de pisco y le trasladaron junto a su vehículo hasta el barranco de un canal, al objeto de hacer ver que su muerte se había producido por un accidente de tráfico. Para dar veracidad a la simulación, colocaron en el vehículo la botella de pisco, que “sorprendentemente” no tenía huella dactilar alguna, y pusieron en el bolsillo de la chaqueta del cadáver una nota en la que un supuesto amigo contaba a Soria las supuestas infidelidades que habría cometido su mujer.
La nota no se correspondía con ninguna de las máquinas de escribir que se utilizaban en la oficina de Naciones Unidas y, de haber estado en el agua todo el tiempo, se habría deshecho.
Además, el juez destaca que en la época en la que se produjeron los hechos Soria no tomaba alcohol porque estaba ingiriendo analgésicos, a lo que hay que unir que sus manos aparecieron “crispadas”, lo que sería, según el escrito, “signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico”.
