Fiscalía y Abogacía Estado presentan las demandas de ilegalización de ASB
Según informaron este lunes fuentes del ministerio público, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicará este martes las líneas generales de su demanda de ilegalización de ASB, que se centrará, principalmente, en la convicción de que esta formación es una “continuación o sucesión” de la ilegalizada Batasuna. Conde-Pumpido adelantó este lunes que existen “elementos suficientes para solicitar” que ASB sea ilegalizada.
Entre esos elementos destacó que los promotores de ese nuevo partido pertenecen a la Mesa Nacional de Batasuna, que las personas que lo iniciaron tienen “vinculación con banda armada” e, incluso, alguna de ellas está imputada por ese delito. A su juicio, la organización del partido “es la misma que la de Batasuna”, palabra además “para nosotros proscrita”.
“Relación de continuidad o sucesión”
Fuentes del Ministerio de Justicia también anunciaron que este martes la Abogacía del Estado interpondrá su correspondiente demanda de ilegalización de ASB ante la llamada Sala del 61 que, según el artículo 12.3 de la Ley de Partidos Políticos, es el órgano al que le corresponde “declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto”.
Estas mismas fuentes recordaron que el pasado 29 de marzo la Abogacía del Estado remitió un informe sobre ASB al Ministerio del Interior en el que afirmaba que “existen elementos suficientes para acreditar la relación de continuidad o sucesión” de ese partido respecto a la ilegalizada Batasuna. A la luz de este informe, según Justicia, el Ministerio del Interior ha ordenado a la Abogacía del Estado “el ejercicio de acciones” ante la Sala del 61 para que este órgano declare a ASB sucesor de Batasuna.
El primer análisis del acta de fundaciones y de los estatutos de ASB, realizado por Interior el mismo día que esta organización solicitó su inscripción, ya arrojó varios indicios de ilicitud. Entre ellos figura el hecho de que varias de las personas que aparecen como promotoras del nuevo partido tienen vínculos directos con Batasuna, caso de Marije Fullaondo, miembro de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada y a quien el juez de la Audiencia Nacional imputó el pasado 31 de octubre un presunto delito de integración en ETA.
Interior también apreció que la denominación utilizada por el partido que ha solicitado su inscripción tiene coincidencia o semejanza con la de la formación ilegalizada, ya que ambos emplean el término Batasuna (Unidad). Estos motivos serán incluidos en los escritos de demanda que presentarán la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado.
“Oportunidad histórica”
Por otro lado, el secretario general de LAB, Rafa Díez, aseguró este lunes que “seguir con una dinámica de ilegalizaciones” contra la izquierda abertzale, como la que puede afectar a ASB, es un “golpe directo” a un proceso de paz en el que, a su juicio, deben participar todos los “agentes políticos”.
Díez, quien compareció en San Sebastián junto a los dirigentes de LAB Txutxi Ariuznabarreta y Garbiñe Aranburu, insistió en que el País Vasco se encuentra ante una “oportunidad histórica” para “construir” entre todos los partidos un “marco democrático” que permita superar el “conflicto” y alcanzar un “escenario de paz”. Opinó que todos los partidos deben ser “conscientes” de la importancia de que la izquierda abertzale salga de la ilegalidad, tanto para posibilitar su oferta electoral como para garantizar la consecución del objetivo de la paz.
El dirigente de LAB afirmó que la izquierda abertzale “debe ser un interlocutor” político válido en un proceso de diálogo y negociación, y sostuvo que lo que está en cuestión no es la validez de unas “siglas” o ver “qué filigrana” hacía este sector político para estar en las elecciones, sino la posibilidad de construir un “proceso entre todas las fuerzas políticas”. Díez, que no hizo referencia alguna a la operación policial contra el comando Donosti de ETA, opinó que el Gobierno debe aclarar si apuesta por cuestionar la legalidad de ASB o si “recorre el camino hacia la paz”, que, a su juicio, significaría reconocer la existencia del pueblo vasco y su derecho a la libre autodeterminación.
