Garzón dice los ayuntamientos tienen derecho a apoyarle
TORRES (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)
El magistrado Baltasar Garzón ha considerado este lunes que el hecho de que la Fiscalía de Ferrol haya abierto diligencias preprocesales para estudiar la moción que el Ayuntamiento de la ciudad aprobó el pasado 25 de marzo en su apoyo “será un incidente que transcurrirá pronto”, lo que juzgó como “lo mejor”.
En declaraciones a los periodistas en Torres (Jaén) con motivo de la inauguración del seminario 'Nuevas herramientas en la lucha contra la violencia de género', Garzón no dejó pasar por alto que como ese pronunciamiento ha habido “muchos otros” en distintos ayuntamientos de España “y no pasa nada”.
Para concluir, el magistrado subrayó que los ayuntamientos, como cualquier otro organismo público que tiene una representación popular, tienen derecho a manifestar su opinión “en el sentido que sea y siempre que lo haga con respeto a las demás instituciones está bien”.
En concreto, el Tribunal Supremo (TS) remitió a la Fiscalía General del Estado la documentación sobre el acuerdo plenario y la denuncia fue enviada después a la Fiscalía Superior de Galicia, que lo derivó finalmente a la Fiscalía de Ferrol. Así, se han abierto diligencias preprocesales para analizar el contenido de la moción, pero insistieron en que no hay una investigación en marcha.
En la comunicación oficial remitida al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Galicia, Carlos Varela, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explica que se envía el acuerdo plenario para que se “proceda a llevar a cabo la información oportuna con el objeto de determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica del hecho”.
MOCIÓN
La moción, presentada por el grupo municipal de Esquerda Unida-Izquierda Unida, había sido votada a favor por esta formación, el PSOE y el BNG. El Partido Popular se había abstenido e Independientes por Ferrol votó en contra. La formación de IF sí respaldó sólo la petición de que los procedimientos por corrupción investigados por Garzón o cualquier otro juez continuasen adelante, que figuraba como cuarto punto de la moción.
El texto aprobado señalaba que “produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo, se persiga a quien intenta contribuir a hacer Justicia, en el increíble salto que supone amparar a los verdugos y abandonar una vez más a las víctimas”.
La moción prosigue subrayando que “estas actuaciones judiciales comenzadas en los ámbitos de la derecha y la extrema derecha”, “autores de querellas criminales admitidas a trámite, suponen un pulso inaceptable a la democracia y a la justicia”.
En el acuerdo final adoptado se mostraba la solidaridad y el apoyo al juez ante “la campaña de acoso y derribo” y se “exige al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente auto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones de Baltasar Garzón”.
También exige “que las víctimas del franquismo” que dieron comienzo al procedimiento puedan ser parte en el proceso judicial, y que se dé traslado de la propuesta a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial.
