La ley de la Memoria Histórica supera su primer trámite parlamentario
El proyecto de ley de la Memoria Histórica superó este jueves su primer trámite parlamentario a pesar del rechazo frontal del PP -que pidió su retirada- y de los principales socios parlamentarios del Gobierno, ERC e IU-ICV, que consideran la propuesta una “humillación” para las víctimas del franquismo.
Tal y como se esperaba, el pleno del Congreso rechazó este jueves las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por IU-ICV y ERC así como la enmienda de devolución presentada por el PP.
El veto del PP sólo contó con los votos del grupo popular, mientras que las enmiendas de IU-ICV y ERC recibieron el apoyo del BNG, EA y Nafarroa Bai, la abstención del PNV y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.
En defensa del proyecto de ley la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, remarcó durante el debate que la Ley de la Memoria “lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia”, y aseguró que es heredera del principio de concordia de la transición.
En presencia del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernández de la Vega explicó que, además del reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas, la ley pretende “saldar una deuda, la de la injusticia” que la sociedad tiene con quienes “sufrieron violencia y persecución injustas”.
“Esta es una ley heredera del mejor espíritu de la Transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia”, proclamó ante el hemiciclo.
Para el PP es un proyecto extemporáneo
Por contra, el portavoz de Justicia del PP, Manuel Atencia, reclamó al Gobierno que retire la ley por considerar que es un proyecto “extemporáneo” que “torpedea la línea de flotación del régimen político democrático: la Transición y el pacto constitucional”.
Atencia recalcó la “contradicción” e “hipocresía” en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas “removiendo el barro” a través de un proyecto que “disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia”.
A su juicio, además, la ley es “innecesaria”, porque los sucesivos gobiernos democráticos han adoptado “numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.
En el otro extremo, los portavoces de ERC, Joan Tardá, e IU-ICV, Joan Herrera, pidieron al Ejecutivo que rectifique el proyecto para no “frustrar” las “esperanzas” de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
En defensa de su enmienda con texto alternativo, Tardá acusó al Gobierno de haber “sucumbido” a las presiones de las “altas esferas” de las Fuerzas Armadas y la judicatura al no contemplar la anulación efectiva de los llamados juicios sumarísimos.
En este sentido, el portavoz republicano consideró “indignante” que desde la justicia española se haya actuado contra Augusto Pinochet, pero esa misma judicatura haya apelado al principio de seguridad jurídica para no anular los juicios celebrados durante el franquismo con el objetivo de “exterminar” a los discrepantes.
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, criticó la “equidistancia” del proyecto de ley del Gobierno que equipara a “víctimas con verdugos”.
El portavoz de IU-ICV expresó también su preocupación porque el Ejecutivo, ante la oposición frontal de sus socios parlamentarios, pueda optar por “dejar morir” el proyecto dilatando su tramitación hasta el final de la legislatura.
En esta misma línea, CiU y PNV también advirtieron al Gobierno de que no darán su apoyo a la ley durante lo que resta de trámite si no se hace una revisión jurídica de las condenas dictadas tras la Guerra Civil.
Ambos grupos consideraron superables las trabas jurídicas que acarrearía anular esas condenas, por lo que instaron al Gobierno a buscar un mecanismo para llevar a cabo esta revisión.
En respuesta, el diputado del PSOE José Andrés Torres Mora hizo hincapié en que no es tarea del Parlamento revocar decisiones de los tribunales o reescribir el pasado.
Desde primera hora de la mañana, miembros de asociaciones antifranquistas y de represaliados por la Dictadura siguieron el debate en una sala del Congreso invitados por diversos grupos parlamentarios.
El proyecto de ley, que pasa ahora al trámite de enmiendas parciales, contempla medidas para la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
Entre otras disposiciones, se facilitará la localización de los restos de las personas ejecutadas, se potenciará el Archivo General de la Guerra Civil, y se indemnizará a los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
