La reestructuración de Batasuna para apoyar la violencia motivó su detención
El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, dijo este lunes que la detención de la cúpula de Batasuna vino motivada por una serie de informes policiales que constataban una “reestructuración” de la formación ilegalizada para apoyar “la estrategia de la violencia”.
El juez Baltasar Garzón defendió el domingo esta misma tesis para justificar el encarcelamiento de diecisiete de los veintitrés dirigentes de Batasuna detenidos el pasado jueves, una decisión que el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha calificado hoy de “escrupulosamente legal” y la ha atribuido a un juez “independiente”.
López Garrido, que se mostró sorprendido de que desde “determinados ámbitos políticos o institucionales” se dude de la labor de Baltasar Garzón, ha opinado que quien ponga en duda la independencia del juez está “en un profundo error”.
El portavoz socialista se refirió así a las críticas recibidas por la actuación de Garzón desde algunas instituciones y partidos del País Vasco, entre ellas el Gobierno autonómico, cuya portavoz, Miren Azkarate, se preguntó ayer si la decisión del juez supone “romper todos los puentes de diálogo”.
Ante esta situación, el secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró que su partido pedirá esta semana en el Parlamento que se revoque la autorización para dialogar con ETA y ha emplazado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que promueva la ilegalización de ANV y el PCTV.
Para Acebes, el auto de Garzón evidencia que “nunca hubo proceso de paz, que ETA jamás pensó en dejar la violencia, y que jamás Zapatero debió llamar hombres de paz a Otegi y sus compañeros y no les debió considerar interlocutores de nada”.
En esta misma línea se manifestó el dirigente del PP del País Vasco Carmelo Barrio, quien ha replicado a Miren Azkarate que la reunión en la que se detuvo a los responsables de Batasuna no era un cónclave con fines políticos, sino un encuentro para “diseñar una estrategia criminal”.
El Partido Socialista de Euskadi, en palabras de su secretario general en Guipúzcoa, Miguel Buen, rechazó también las críticas de Azkarate y ha acusado al Ejecutivo vasco de moverse en la “equidistancia” entre los que sufren la violencia terrorista y los que la practican.
El Gobierno de Navarra, por su parte, respetó la decisión de Baltasar Garzón y confiado en que, “a través de los mecanismos que establece la ley”, se pueda combatir el terrorismo, “la mayor lacra social” de España.
En contra de estas opiniones, el portavoz de Batasuna Pernando Barrena acusó al Ejecutivo de “apostar por abrir un nuevo ciclo de violencia” y le ha responsabilizado de hacer “apología de la violencia política” al cerrar las vías políticas a la izquierda abertzale.
Barrena dijo que el temor que siente por ser detenido “no es nada” en comparación con el “miedo” que le produce “el posible nivel de confrontación que puede causar” la operación policial contra Batasuna, que ha considerado un hecho de “gravedad máxima”.
Entre las voces críticas con la decisión de Garzón, el portavoz de la Ejecutiva del PNV, Íñigo Urkullu, declaró que asociar ETA y Batasuna como lo mismo es una “exageración”, y ha mostrado su preocupación por que se aplique la ley de forma “arbitraria” dependiendo de los momentos políticos, en referencia a la proximidad de las elecciones generales.
También desde el País Vasco, el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, afirmó que estas detenciones lo “único” que hacen es “contentar a quienes quieren alimentar la confrontación” e ha hecho un llamamiento al Gobierno para que “no dé carpetazo” a la declaración del Congreso que apostaba por el diálogo.
Para el portavoz de Ezker Batua Mikel Arana, Baltasar Garzón ordenó el ingreso en prisión de los dirigentes de Batasuna en beneficio de la estrategia del Gobierno, una decisión que a su juicio se fundamenta en “convicciones personales” y no en “hechos probados y contrastados”.
El parlamentario del PCTV Julián Martínez declaró que el auto “tiene una clara motivación política: intentar acabar con un movimiento político que se encuentra ampliamente enraizado en la sociedad vasca, el movimiento independentista”. Y añadió que “esta conducta del Estado español sólo ha tenido un nombre a lo largo de la historia: fascismo”.
